PARO AGRARIO
MISION DE VERIFICACION DE DERECHOS HUMANOS EN BOYACA
COMUNICADO 01.
FAVOR RT – URGENTE
El día de hoy 24 de
agosto de 2013, nos desplazamos desde Bogotá varias organizaciones defensoras
de derechos humanos y periodistas independientes, con el fin de efectuar una
verificación de la situación de derechos humanos en el Departamento de Boyacá, en
el marco del paro nacional agrario, encontrando hechos que generan gran
preocupación.
La Comisión
identificó prácticas que indican que el ESMAD viene actuando en el departamento
como un Ejército de Ocupación, que ha suplantado a la autoridad civil y cometido
violaciones sistemáticas, generalizadas e indiscriminadas a los derechos
humanos, al derecho internacional humanitario, además de actos de vandalismo, y
uso excesivo de la fuerza.
A partir de la
información documentada por la Comisión, encontramos que la Fuerza Pública ha
cometido ataques múltiples contra diversos derechos fundamentales como la
Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las libertades
civiles y políticas de la población.
De manera preliminar
nos permitimos destacar los siguientes hechos que han sido documentados por la
Comisión y que serán objeto de un posterior informe:
Disparos
indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales
contra la población, causando varios heridos, principalmente en los sectores de
Germania, Altos de Moral y Puente Boyacá.
Heridos con arma
blanca y elementos contundentes, en hechos en que se involucra a agentes del
ESMAD.
Abuso sexual contra
jóvenes (hombres y mujeres) por parte de agentes policiales, además de reiteradas
amenazas provenientes de estos funcionarios de agredir sexualmente a las
mujeres, esposas e hijas de los campesinos.
Actos de tortura y
otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en
sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6
años, lo mismo que el uso de estos elementos que se lanzan y aplican de manera
directa el cuerpo de los pobladores.
Ataques contra
jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por
fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios.
El lanzamiento
indiscriminado de gases lacrimógenos desde helicópteros, en lugares de
concentración de los campesinos.
El ingreso arbitrario
en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos.
La identificación,
señalamiento, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro
Agrario en Boyacá.
La detención masiva y
arbitraria de manifestantes y otros pobladores en todo el Departamento.
El saqueo, robo de
dinero y comisión de otros delitos comunes a manos de la fuerza pública, con el
acompañamiento de miembros de la SIJIN, incluso en la capital del departamento.
La ocupación de
bienes protegidos por el DIH, como la Institución Educativa Panamericano,
Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela Paloblanco, ubicadas en Puente
Boyacá, al parecer con autorización del rector de las mismas.
El uso de ambulancias
para el transportes de miembros del ESMAD, lo cual constituye igualmente una
violación al DIH, el uso irregular de emblemas humanitarios y un grave ataque a
la Misión Médica.
Ante esta situación,
las Organizaciones que conformamos la Comisión de Verificación de derechos
humanos.
ALERTAMOS
Que ante la falta de
escenarios de concertación y diálogo en los que se escuche a los campesinos,
sumado la directriz presidencial de reprimir violentamente las manifestaciones,
ponen en grave riesgo la vida e integridad personal de las comunidades.
RESPONSABILIZAMOS
Al Presidente de la
República Doctor Juan Manuel Santos y al Director General de la Policía RODOLFO
PALOMINO, de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, que han
sido documentados por esta Comisión y que pueden incrementarse ante las
directrices trazadas consistentes en la represión a las manifestaciones.
SOLICITAMOS URGENTEMENTE
El acompañamiento y
verificación de la Oficina del Alto comisionado para los derechos humanos de
Naciones Unidas, así como la intermediación para que se abran espacios eficaces
de interlocución y diálogo con las comunidades.
EXIGIMOS
De las autoridades
penales y organismos de vigilancia y control, que se inicien en forma inmediata
las investigaciones penales y disciplinarias por estos hechos de violación de
derechos humanos y DIH.
HACEMOS UN LLAMADO URGENTE
A los medios masivos
de comunicación para que visibilicen la grave situación ocasionada por la
represión indiscriminada contra la población civil del departamento de Boyacá y
divulguen SIN CENSURA lo sucedido en la región, teniendo en cuenta su
responsabilidad social frente al derecho a la información de todos los
ciudadanos y ciudadanas.
La Misión de Derechos
Humanos conformada por las organizaciones: Fundación Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de
Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana
Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos,
Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para
la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Colectivo de Abogados José Albear
Restrepo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo
Nizkor, Periodistas independientes, con el acompañamiento de Brigadas
Internacionales de Paz.
Apoyo Mesa de Derechos Humanos de Tunja.
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