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Martes 14 enero 2014
Si los colombianos que residen fuera de
Colombia formaran un departamento reconocido por la Constitución, serían el
departamento más grande de Colombia, el más poblado, el más diverso, el más
plurilingüe, el más dinámico y también el más relegado por la administración y
por la opinión pública. Es urgente trabajar para llevar al primer plano de la
agenda pública nacional esos derechos y esas aspiraciones de los residentes en
el extranjero. Porque los derechos de los colombianos no tienen fronteras.
Viviana Viera
Cuando
pensamos en cuáles son los principales motores económicos, políticos o
culturales del país, los colombianos tendemos a pensar siempre en Bogotá, en
Medellín, en mi Cali natal y en otras grandes ciudades. Por inercia hemos sido
educados para pensar que las fronteras de Colombia separan a los colombianos de
los extranjeros. Los de dentro somos ‘nosotros’, los de fuera ‘ellos’. Y sí,
hubo un tiempo en que esas concepciones eran esencialmente ciertas. Hoy ya no.
Los colombianos que residen fuera de Colombia no son menos que los que tienen
la suerte de vivir en territorio patrio (ni tampoco son más, por supuesto).
Porque
hablamos de millones de colombianos y colombianas que cada mañana al
despertarnos, cada noche al acostarnos, seguimos suspirando por nuestros
afectos, nuestros temores, nuestras ilusiones en torno a Colombia. Sea cual sea
nuestra dirección postal, llevamos nuestra colombianidad donde quiera que
vamos. Los colombianos que vivimos fuera de Colombia, sea de forma efímera o
duradera, con mejor o peor fortuna, por voluntad propia o por necesidad,
emigrantes, exiliados o expatriados del tipo que sea, constituimos una parte
relevante del país. Somos hijos de Colombia, a veces sus hijos pródigos, a
menudo sus embajadores. Cada uno de nosotros nos apasionamos con su selección
de fútbol o con su actualidad política igual que cualquier otro colombiano,
porque amamos y disfrutamos y padecemos el país tanto como cualquiera.
Suponemos una potencialidad enorme para Colombia, por más que hasta ahora sea
una potencialidad relativamente marginada de la agenda política nacional.
Somos, en muchos sentidos, la Colombia más relegada.
Y yo creo que eso tiene que cambiar. Y tiene
que cambiar desde ya.
Los expertos
en migraciones señalan que los migrantes son siempre un segmento especialmente
emprendedor, laborioso e innovador de la sociedad que dejan atrás. Los informes
calculan que entre 5 y 9 millones de colombianos se encuentran hoy al otro lado
de sus fronteras, lo cual significa que Colombia se está privando de la
aportación, de las experiencias y de los conocimientos de entre un 10% y un 20%
de sus ciudadanos, que precisamente se cuentan entre los más dinámicos, los más
inquietos, los de más empuje. No parece muy sabio que una sociedad haga oídos
sordos a las aspiraciones y perspectivas de uno de cada cinco o uno de cada
diez de sus integrantes. ¿Qué diríamos de una familia que expulsa a una parte
de sus miembros de su seno, que desoye sus ideas, que finge olvidarse de ellos
y que ni siquiera recibe sus llamadas telefónicas? Diríamos que esa familia se
está amputando a sí misma.
Como país no
tiene sentido que ignoremos las prioridades y el aprendizaje de nuestros
compatriotas. Del mismo modo que como democracia no se nos ocurriría despreciar
las demandas y propuestas del conjunto de habitantes de Antioquia o de Bogotá,
no podemos desconocer la de los colombianos en el exterior, que ni en número,
ni en valor son menores. Si el ordenamiento administrativo nacional previera
para los colombianos del exterior un imaginario departamento de
“extranjerilandia”, su impacto demográfico, económico y cultural sería
comparable al del mayor departamento del país. Como país, no podemos
permitirnos desestimar la voz política de una Antioquia o una Bogotá.
Y no podemos
permitírnoslo, no solo porque sería injusto, antidemocrático e irresponsable.
También resultaría paradójico. Porque, a fin de cuentas, todas y cada una de
las razones que pueden empujar a un colombiano a abandonar su tierra son
motivaciones de orden político. ¡Las causas de la emigración son todas
políticas! Si un colombiano emigra por desempleo, ese emigrante económico es el
resultado de una política económica neoliberal fallida y venenosa. Si un
colombiano se marcha por la violencia ciudadana y sistémica que respira el
país, es hora de reflexionar sobre su estrategia policial, la tóxica
interacción entre elementos del estado y actores delictivos, o la falta de
políticas de cohesión social que funcionen. Si un colombiano huye del trabajo
informal, del desempleo y de la falta de horizontes vitales, estas lacras se
deben a su nefasto ordenamiento laboral, su insuficiente y desigual sistema
educativo, su persecución de los sindicalistas y su reprobable convivencia con
intereses particulares. Si un colombiano parte por ser víctima del
hostigamiento de grupos armados, del laminamiento del activismo social, de la
demonización de sectores progresistas del país, es obviamente culpa de una
persistente política de exclusión sectaria contra la mayoría sociológica del
país.
Si las
causas de la emigración son políticas, políticas tienen que ser las soluciones
a los problemas que viven quienes emigran. Colombia precisa un vuelco político,
un vuelco hacia el respeto de todos nuestros derechos, como el que propone el
Polo Democrático Alternativo, y con el que yo me identifico, para darle voz a
todos esos millones de colombianos tan a menudo invisibles para el Estado
colombiano, tan a menudo privados de derechos y tan a menudo desatendidos.
Habitemos
ahora mismo donde habitemos, estemos dentro o fuera de nuestro país, todos
necesitamos un Estatuto del Emigrante, es decir un marco legal moderno para los
millones de no residentes en Colombia, que prevea y regule sus derechos
sociales (homologación de estudios, acompañamiento a enfermos y presos,
pensiones), sus derechos políticos (mayor representación parlamentaria,
veedurías ciudadanas a los consulados), sus derechos culturales (apoyo a los
hijos de migrantes, apoyo al tejido social colombiano en el exterior) y sus
derechos económicos (asesoría al emprendimiento, Banco del Migrante para el
envío de remesas, rebaja de los trámites administrativos consulares).
Necesitamos
un Estatuto del Emigrante, necesitamos devolver a millones de colombianos la
dignidad arrebatada, necesitamos recordar que nuestros derechos no tienen
fronteras. Y sobre todo necesitamos recuperar para Colombia a las gentes
esforzadas, valientes y valiosas que pueblan nuestro departamento más dinámico…
y hasta ahora más olvidado.
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