©Michelle Arévalo-Carpenter
Una refugiada trabajadora
por cuenta propia en Ecuador.
Emily E. Arnold-Fernández y
Stewart Pollock
Las
economías de las comunidades de acogida se benefician cuando los refugiados
trabajan. Las
naciones que deseen ver crecer su economía y su estabilidad política deberían
permitir a los refugiados el acceso al empleo y a los derechos laborales.
Aunque
la mayoría de los derechos relacionados con el empleo están articulados
claramente en los instrumentos
jurídicos internacionales, los esfuerzos por implementarlos en las leyes nacionales
y las prácticas del Gobierno han sido mínimas en la mayoría de los países que
acogen a un número relevante de población refugiada. Las pruebas recopiladas en
las pocas naciones que han permitido a los refugiados acceder al empleo de
forma legal –así como en todos los contextos en los que los refugiados trabajan
sin autorización legal– sugieren firmemente que permitir a los refugiados
acceder al empleo y al autoempleo resulta beneficioso para las naciones de
acogida. Estos beneficios los perciben las naciones de acogida
independientemente de que los refugiados se integren en ellas, regresen a sus hogares
(repatriación) o sean reasentados en un tercer país.
Necesitamos
seguir investigando para poder entender cuál es el modo más efectivo de pasar
de los campos (u otros entornos que restrinjan el acceso al trabajo) a enfoques
que posibiliten a los refugiados participar en la economía nacional.
Las ventajas de permitir a los
refugiados trabajar
Aproximadamente
el 50% de los refugiados del mundo se encuentra en edad laboral (de 18 a 59 años).1
Si se permitiera el acceso de este sector de población a empleos de forma legal
se llenarían vacíos en el mercado laboral del país de acogida.
Si
se les da la oportunidad, la mayoría de los refugiados trabajará en cualquier
lugar geográfico y en cualquier sector que les proporcione un sustento.
Tailandia,
por ejemplo, se ha beneficiado del empleo de refugiados birmanos como
trabajadores migrantes en zonas rurales. Aunque los birmanos llevaban mucho
tiempo trabajando en sectores no regulados en Tailandia, el Gobierno creó un programa
regulado de trabajo para migrantes que a día de hoy da empleo a alrededor de
1,3 millones de migrantes procedentes de Birmania, de los que un importante
porcentaje cumple probablemente con la definición internacional de refugiado.
Se estima que hay entre un millón y un millón y medio más de refugiados
birmanos no registrados y otros migrantes que siguen trabajando sin permiso
oficial. A consecuencia de esto se ha visto reducido el nivel de pobreza local en
las comunidades de la zona de Tailandia y una mejora del crecimiento a nivel
regional. La parte negativa es que Tailandia no reconoce la condición de refugiado
a los birmanos que son empleados en programas oficiales de trabajo para
migrantes, lo que implica que las familias de
los
trabajadores carecerían de estatus jurídico y protección, y el del trabajador o
trabajadora sólo duraría mientras que éste/a siguiera estando empleado/a.
El
peso de la población birmana que llena estos vacíos en el mercado laboral se
demostró por las malas en 1997 cuando Tailandia deportó a grandes cifras de
refugiados birmanos en respuesta a la crisis financiera en Asia. Después de las
deportaciones aumentó drásticamente el número de bancarrotas que se produjeron
en las zonas que habían perdido una cantidad importante de birmanos, prueba de
que muchas industrias dependían de ellos.
También
Ecuador se ha aprovechado de su población refugiada como un influjo de capital
humano. Desde 2008 la Constitución de Ecuador permite a los refugiados acceder a
un trabajo remunerado por cuenta ajena o al autoempleo en las mismas
condiciones que los ciudadanos ecuatorianos. Ecuador ha venido experimentando
un continuo crecimiento económico desde septiembre de 2008 hasta hoy.
Los
refugiados vietnamitas que se exiliaron a Australia han tenido mucho que ver
con el crecimiento del comercio entre Australia y Vietnam, del mismo modo que
Tailandia se ha beneficiado del comercio transfronterizo realizado por los
refugiados birmanos. Aunque las tasas de repatriación de refugiados varían
según las circunstancias, la presencia de un lenguaje y una cultura comunes
entre los refugiados que regresan a sus hogares y los que se quedan en el país
de acogida promueven el comercio internacional entre ellos, con independencia
de las relaciones gubernamentales de ambos lugares.
Incluso
pese a las relaciones hostiles entre Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, el
comercio entre ambos países ha sido posible a consecuencia de la interacción de
los refugiados cubanos con sus compatriotas repatriados o que nunca emigraron.
Los
refugiados también traen consigo conocimientos, destrezas y formación que puede
incrementar los recursos disponibles en las economías de sus países de acogida.
Por ejemplo, los refugiados han introducido en Guinea los arrozales de
labrantío inundado, utilizando tierras que antes no se consideraban aptas para el
cultivo. Los refugiados en Nepal introdujeron nuevas técnicas para cultivar
cardamomo, un importante cultivo comercial de la zona. Aparte de la
agricultura, muchos refugiados traen también conocimientos a nivel profesional
o destrezas comerciales. Las políticas que prohíben emplear a los refugiados
obligan a individuos capaces a vivir ociosos; las políticas que les permiten
trabajar les posibilitan al mismo tiempo mantener sus destrezas y ofrecer los
frutos de su formación a la nación que les acoge. Y como la nación de acogida
no ha financiado la formación de dichos individuos, los beneficios sobrepasan
sobradamente su inversión.
El
capital humano “caído del cielo” que suponen los refugiados se maximiza cuando
se les permite viajar hasta los núcleos urbanos donde hay más trabajo. Las
comunidades de acogida cosechan los beneficios económicos en forma de nuevos trabajos
y un aumento de los ingresos por impuestos que sobrepasan significativamente los
costes de los servicios sociales adicionales y las medidas de protección
medioambiental.2
Los
refugiados que trabajan consumen bienes y servicios, vuelven a poner el dinero
en circulación y benefician a las economías de acogida al hacer que aumente la
demanda local.
La resistencia abrumadora
Permitir
a los refugiados trabajar y otorgarles la movilidad necesaria para que puedan
garantizarse un empleo sigue siendo una cuestión controvertida. Los Gobiernos
de acogida pueden temer que el permitirles disponer de un empleo y movilidad hará
que los refugiados se queden allí para siempre, y que eso acabe cambiando
posiblemente la cultura del país de acogida o absorbiendo recursos. Los
Gobiernos también se enfrentan a la presión por parte de los ciudadanos
nacionales que temen que aumente la competencia por los trabajos disponibles,
en especial en países en los que el desempleo ya es alto de por sí.
En
la práctica los refugiados son más propensos a emprender nuevos negocios que
los ciudadanos nacionales, aumentando en lugar de reducir el número de puestos
de trabajo disponibles. Los refugiados que trabajan son más propensos también a
querer regresar a su lugar de origen, a esforzarse para conseguir disponer de
la capacidad financiera suficiente para regresar a su tierra en cuanto les sea
posible y a hacerlo antes que si fuera por otros medios.3 Son menos propensos a
depender de la ayuda económica de los Gobiernos de acogida o de las naciones
donantes para repatriarse y suelen disponer de los medios para mantenerse a sí mismos
mientras restablecen su vida en su lugar de origen. Y esto aumenta a su vez la capacidad de los países de
origen de alojar a sus retornados.
Los
argumentos jurídicos y morales en pos de los derechos de los refugiados no
pueden ser más irrefutables. Frente al amplio despliegue de presiones sociales,
económicas y políticas que se les oponen, los Gobiernos de acogida deben ser
capaces de demostrar a sus ciudadanos que garantizar los derechos de los
refugiados va en beneficio de la nación en vez de perjudicarla. En el caso de
los derechos laborales de los refugiados, la prueba es la cantidad de
beneficios percibidos cuando se les permite acceder de forma legal y segura al
empleo.
Emily E. Arnold-Fernández
Octubre
2013
emily@asylumaccess.org
es
directora ejecutiva de Asylum Access www.asylumaccess.org Stewart Pollock stewartrpollock@gmail.com
es estudiante en la escuela de derecho Hasting College of the Law de la Universidad
de California www.uchastings.edu/
________________________________________________________
2.
Consejo para los Refugiados de Australia, Contribuciones cívicas y sociales de
los Refugiados y de los participantes humanitarios – revisión bibliográfica,
pág. 9, disponible
3.
Véase por ejemplo Paulo Sérgio Pinheiro ‘The Return of Refugees’ or Displaced
Persons’ Property’ (La devolución de las propiedades a los refugiados o a las
personas desplazadas), 12 de junio de 2002, E/CN.4/Sub.2/2002/17, sobre la
experiencia de los refugiados bosnios que intentaron repatriarse y la
importancia de la propiedad.
El derecho de los refugiados al trabajo
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