Política de Desarrollo Agrario Integral

 

Política de Desarrollo Agrario Integral

Insumos para el Debate

Clara López Obregón
Presidenta
Polo Democrático Alternativo
17 de diciembre de 2012

Introducción. El problema agrario: concentración histórica de la propiedad y del poder político, conflictos relacionados con propiedad y usos de la tierra, desplazamiento forzado, abandono y despojo de tierras, discriminación de campo en los sucesivos modelos de desarrollo seguidos en el país, desmonte de la institucionalidad estatal que servía al campo y a sus gentes, extranjerización de la tierra que aumenta la presión hacia su concentración, brecha en calidad de vida entre el campo y la ciudad, desigualdad en representación política y carga impositiva. Lineamientos generales de política. Propuestas.

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POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL

Insumos para el Debate

Clara López Obregón

Presidenta

Polo Democrático Alternativo

17 de diciembre de 2012

Introducción. El problema agrario:

concentración histórica de la propiedad y del poder político, conflictos relacionados con propiedad y usos de la tierra, desplazamiento forzado, abandono y despojo de tierras, discriminación de campo en los sucesivos modelos de desarrollo seguidos en el país, desmonte de la institucionalidad estatal que servía al campo y a sus gentes, extranjerización de la tierra que aumenta la presión hacia su concentración, brecha en calidad de vida entre el campo y la ciudad, desigualdad en representación política y carga impositiva. Lineamientos generales de política. Propuestas.

 

 

Introducción

 

El Polo Democrático Alternativo saluda a la Mesa de Negociación de La Habana y augura a sus integrantes éxitos en la misión de ponerle fin al conflicto armado. Por ello, nuestro III Congreso Nacional reunido el pasado mes de noviembre expidió por unanimidad una Resolución en la cual, además de reafirmar el apoyo decidido del Partido a la solución política negociada que hace parte de nuestro ideario de unidad fundacional, le solicitamos a las partes no levantarse de la Mesa sin lograr un acuerdo y, al Gobierno Nacional, abrir los espacios para que el ELN pueda transitar por el mismo camino del diálogo. 
 

Los acuerdos además de necesarios son posibles y estamos convencidos que a partir de ellos, la sociedad toda, en sus múltiples expresiones y pluralidad, podrá encaminarse por la ruta de la construcción de la paz y la reconciliación a través de la construcción de las condiciones y de las propuestas compartidas para realizar los cambios estructurales que el país necesita por las vías del debate, la deliberación, la movilización ciudadana y la participación en los procesos electorales.
 

Me enorgullece, participar en este foro como presidenta del Polo Democrático Alternativo, la más ambiciosa y fructífera experiencia de construcción de un partido político de izquierdas en la historia reciente de Colombia. Nuestro partido tiene el mandato de contribuir, al lado de otras expresiones políticas y sociales, a la configuración de la senda de la Colombia soberana, libre, democrática, próspera y en paz que demanda nuestro Pueblo.
 

La terminación del conflicto es la cuota inicial para que entre todas y todos contribuyamos al más profundo anhelo de la sociedad colombiana: "Paz estable y duradera". Ojala este anhelo nacional encuentre respuesta en acuerdos concretos para ponerle fin al conflicto armado por parte de los negociadores del gobierno y de las FARC. En lo que hace al pueblo colombiano, a sus líderes, a sus organizaciones sociales, comunitarias, políticas, hombres y mujeres del campo y la ciudad, comunidades indígenas, afro colombianas, estamos presentes para demostrar la decisión colectiva de hacer de Colombia una Nación Soberana, Libre, Democrática, Prospera y en Paz.
 

Este foro sobre "política de desarrollo agrario integral con enfoque territorial" como espacio de participación de la sociedad civil, organizado por la Universidad Nacional de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, a solicitud de la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC, se constituye en un espacio oportuno y adecuado para la presentación de formulaciones que alimenten la deliberación pública y empujen el péndulo a favor del cambio y la transformación que requiere nuestro país.

 

El problema agrario

 

El problema agrario se caracteriza por una serie de factores estructurales no resueltos que impiden su adecuado desarrollo e inciden en la baja calidad de vida de las gentes del campo. Entre ellos resaltamos:
 

1. La concentración histórica de la propiedad y del poder político

2. Los conflictos relacionados con propiedad y usos de la tierra

3. El desplazamiento forzado, abandono y despojo de tierras

4. La discriminación de campo en los sucesivos modelos de desarrollo seguidos en el país

5. El desmonte de la institucionalidad estatal que servía al campo y a sus gentes,

6. La extranjerización de la tierra que aumenta la presión hacia su concentración,

7. La brecha en calidad de vida entre el campo y la ciudad,

8. La desigualdad en representación política se manifiesta en el direccionamiento de la política pública y en carga impositiva

 

Concentración histórica de propiedad y poder político

No cabe la menor duda que el problema agrario no resuelto en Colombia alimenta el conflicto armado, pero ni comienza, ni termina en él. El país se adentra al Siglo XXI sin haber logrado superar la estructura de la

tenencia de la tierra heredada de la Colonia y de las relaciones de subordinación que de ella se desprenden. Desde la encomienda a la hacienda y de ésta al latifundio de ganadería extensiva, con sus ingredientes de concentración simultánea de tierras productivas, poder político y reproducción permanente de relaciones sociales conflictivas; la estructura agraria se ha convertido en obstáculo para el desarrollo económico, social y cultural de la Nación y para la misma democracia.

 

Un repaso de la historia de la violencia en Colombia desde mediados del siglo pasado muestra cómo la tierra ha sido y sigue siendo la manzana de la discordia de todos nuestros conflictos, por la actitud acendradamente refractaria al cambio de los sectores terratenientes del país que mantienen ociosas enormes cantidades de tierras productivas, mientras los campesinos con poca tierra y los jornaleros sin tierra buscan el derecho a cultivarla.
 

Los intentos modernizadores se han topado con la resistencia activa y pasiva de los factores de poder del campo. La Ley 200 de 1936, fundada en el principio de la función social de la propiedad todavía vigente, impulsó los inicios de una reforma agraria al reconocer la primacía a la explotación económica sobre la titulación inscrita o no. Dicha ley abrió la posibilidad a quienes trabajaban la tierra de convertirse en propietarios legítimos y para que quienes fungían de propietarios perdieran la propiedad por no explotarla en forma económica. En las zonas rurales se formaron movimientos campesinos para reclamar tierras y derechos sociales lo cual fue respondido con el periodo conocido como

La Violencia, que azotó pueblos y veredas y que fuera representada como una guerra fratricida entre liberales y conservadores, cuando tuvo como trasfondo real la lucha por la tierra.

Con 300.000 muertos y una crueldad terrorífica repetida por los paramilitares en la etapa contemporánea, quedó inscrita esa nefasta guerra civil no declarada entre terratenientes y campesinos, conservadores y liberales, en las fotografías que acompañaron el primer volumen de

La Violencia en Colombia, preparado por Fals Borda, el padre Guzmán y Umaña Luna. Al inicio del Frente Nacional, como paliativo que finalmente no reversó el despojo, el Congreso dictó la Ley 201 de 1959 que modificó el Código Civil para permitir anular por vicio del consentimiento los contratos de compraventa celebrados en tales condiciones.

 

La historia se repite con la expedición de la Ley 131 de 1961, impulsada por Carlos Lleras Restrepo, quién en memorable discurso en Sincelejo dejó patente su frustración invitando a los campesinos a organizarse para reclamar las tierras cuando el Estado se mostró incapaz de actualizar el sistema de tenencia de tierras en Colombia. La contradicción gubernamental se manifestó con nitidez cuando las resoluciones del INCORA extinguiendo

el dominio particular sobre tierras incultas nunca fueron firmadas por el Presidente de la República. Fue esa la etapa de auge de la ANUC, presente en este foro, pero también de la retaliación de la violencia que se ensañó contra dirigentes campesinos y también de la ciudad, en una resistencia al cambio que se caracteriza hasta el día de hoy por la eliminación física de quienes se organizan para reclamar derechos: dirigentes sindicales, trabajadores de los derechos humanos, religiosas, comunicadores y dirigentes políticos. Bajo la égida de la guerra fría, en Colombia no hemos superado todavía la criminalización de la inconformidad social y política que fuera causa eficiente inicial para la conformación de los grupos alzados en armas que se organizaron para defenderse.

Como bien lo describiera Hobbes en el Leviatán, el estado natural y en ausencia de Estado, la vida es "solitaria, pobre, sucia, bruta y corta". Esa es la situación de los habitantes de los campos colombianos. No podemos aceptar más demora en emprender el camino del cambio y de la solución dialogada de todos nuestros conflictos que repetimos, no comienzan ni terminan con el conflicto armado guerrillero.

Conflictos relacionados con propiedad y usos de la tierra.

Los elementos principales que caracterizan la ruralidad colombiana pueden resumirse en una serie de conflictos entrelazados que no han sido resueltos y que imposibilitan la ocupación democrática, económicamente eficiente y socialmente incluyente del territorio rural. Dichos conflictos pueden clasificarse así:

1. El conflicto histórico entre terratenientes y campesinos sin tierra o con poca tierra

2. Los conflictos por el uso de la tierra entre ganadería, agricultura campesina, agricultura comercial, cultivos transitorios y plantaciones permanentes, cultivos ilícitos, minería y explotación petrolera, reservas ambientales y acuíferas

3. El conflicto por el control territorial entre grupos alzados en armas y otros grupos armados ilegales y las fuerzas del Estado

4. La presión sobre el territorio de las comunidades indígenas y afrodescendientes y su lucha por la recuperación de territorios ancestrales

5. La colonización de las áreas protegidas y reservas forestales y acuíferos y de reserva campesina

6. La titulación y ocupación irregular de baldíos nacionales.

Si bien la base de todos estos conflictos está en la tierra y su concentración en pocas manos, la violencia como mecanismo de tratamiento de los conflictos y su secuela de violación de derechos, desplazamiento, pérdida de vidas, capital social y humano, se deben a la baja y a veces inexistente presencia institucional, tanto pública como privada, en los campos colombianos y a la destrucción consciente y sistemática de los liderazgos e

integrantes de organizaciones de los pobladores del campo por parte de los grupos armados ilegales que compiten por el control territorial.

Desplazamiento forzado, abandono y despojo de tierras.

El común denominador de los conflictos reseñados es su tratamiento por las vías de hecho, la violencia y la vulneración de los derechos fundamentales de la población asentada en las zonas rurales del país en lo que la Corte Constitucional ha denominado un "estado de cosas inconstitucional", especialmente en lo referido a la población víctima de desplazamiento forzado. Se trata de una verdadera hecatombe humanitaria de proporciones no suficientemente comprendida y prolongada. El periodo que abarca a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 1985 a 2010 no es el único que hemos vivido aunque si el primero en ser objeto de atención preferencial en razón de los esfuerzos mancomunados de las organizaciones sociales que encontraron eco en la acción gubernamental. El reto persiste de ejecutar la Ley frente a la resistencia que ya se manifiesta con la tradicional respuesta de violencia, terror y eliminación física de dirigentes y víctimas que reclaman sus derechos.

El registro de Acción Social reportaba que entre 1995 y la fecha de corte de 20 de diciembre de 2010, 836.425 hogares que denunciaron desplazamiento forzado, para un total de 4.723.269 personas, de las cuales confirió la calidad de desplazado forzado a 3.624.426 personas. De estos, 934.973 estaban asociadas a abandono de tierras. Según datos del Proyecto de protección de tierras y patrimonio (PPTP:2010), entre 1995 y 2010, un total de 270.680 predios que comprenden 6.556.978 hectáreas fueron abandonados por personas víctimas de desplazamiento forzado.

Modelos de desarrollo discriminan al campo.

También inciden en el atraso rural, las políticas económicas y sociales generales incorporadas en los sucesivos modelos de desarrollo que han discriminado al campo, ampliando la brecha entre lo urbano y lo rural en todas sus manifestaciones, calidad de vida, salarios, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, miseria y desigualdad extrema dentro de la desigualdad general. Los términos de intercambio campo ciudad en el modelo de sustitución de importaciones extrajo excedentes del sector agrario para impulsar la industrialización y la urbanización. La infraestructura institucional de la intervención estatal que dicho modelo contempló en sus esfuerzos por sacar adelante políticas de reforma agraria y desarrollo rural integrado fue desmantelada de tajo con la implantación del modelo aperturista que paradójicamente se impulsó simultáneamente con la Constitución de 1991.

Desmonte de la institucionalidad estatal

Entidades claves en el apoyo a la producción agraria, la promoción del bienestar y la organización de comunidades como fueron las promotoras rurales de atención primaria y preventiva en salud (MinSalud) y de apoyo a los acueductos veredales del INAS, los programas de distribución de tierras (INCORA), la asistencia técnica (ICA) unida al crédito

subsididado (ICA) unida al crédito subsidiado (DRI y Caja Agraria), los distritos de riego y proyectos de adecuación de tierras (INAT), los canales de distribución y organización cooperativa para la pesca y la agricultura campesina (INPA), la compra de cosechas con política de sustentación de precios (IDEMA), entre otros, fueron eliminados.

Los programas de la economía campesina fueron eliminados para entregar el desarrollo agrícola a las fuerzas del mercado. El apoyo estatal en materia de subsidios y crédito se dirigió principalmente a las empresas comerciales y grandes propietarios con potencial de competir en los mercados internacionales. La apertura del comercio exterior, a su vez, favoreció las importaciones de alimentos y materias primas con precios subsidiados en el exterior frente a los cuales campesinos y empresarios, no pudieron competir, perdiendo el país margen en materia de soberanía alimentaria y crecimiento del PIB agrario.

Extranjerización aumenta presión para la concentración de la tierra

. En la etapa de la globalización que vivimos de apertura ampliada, a las fallas de mercado profundizadas por las asimetrías propias del sector rural, se adiciona un nuevo ingrediente que afecta la seguridad alimentaria debido a la adquisición de grandes cantidades de tierra por parte de empresas extranjeras, como consecuencia de la creciente financiarización de los mercados internacionales de los productos básicos y de la escasez de tierras en otros continentes para el abastecimiento de alimentos y de producción de agrocombustibles. Esta nueva demanda internacional por tierras tiene el agravante de que presiona el aumento en la concentración de la tenencia de la tierra, ya de por sí elevada y creciente.

En el Cuadro No. 1 se puede apreciar cómo la concentración avanza entre 1960 y 2001, año en que poco más de una décima del 1% de los predios concentran el 46,79% de la tierra. El proceso de concentración se acelera entre 2001 y el 2009 cuando la gran propiedad ya abarcaba el 54,44% de la tierra. La tasa promedio de aumento del porcentaje de tierra en gran propiedad entre los dos periodos 1960 a 2001 y 2001 a 2009, pasa del 0,4% al 1% anual, ilustrando como la concentración de la tierra se agudiza y acelera en la actualidad.

 

Cuadro No. 1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD RURAL
Predios particulares por rangos de tamaño
Tamaño			Predios				Superficie en hectáreas
1960		2001		1960		2001		2009
Menores de 5 ha.	62,54		68,84		4,53		3,35		3,09
de 5 a 10 ha.	13,98		10,47		4,26		2,81		2,55
de 10 a 50 ha.	16,61		14,94		15,40		12,65		11,68
de 50 a 100 ha.	3,29		3,12		9,80		8,08		7,71
de 100 a 500	2,97		2,28		25,57		15,73		15,10
de 500 a 1000 ha	0,34		0,21		9,98		5,56		5,25
mas de 1000 ha	0,22		0,12		30,43		46,79		54,44
TOTAL	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Fuentes: 1960 DANE censo Agropecuario en INDH y 2001 CEDE IGAC en Machado