Urrutia (der.) se reunió en algunas oportunidades con el presidente de EE. UU.,
Barack Obama.
Por: REDACCIÓN EL TIEMPO |
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Gobierno aceptó la dimisión del embajador ante EE. UU. Polo Democrático pide que dé explicaciones.
El Gobierno de Colombia le aceptó este martes la renuncia a su embajador en
Washington, Carlos Urrutia, para no generarle un “problema político” al
Ejecutivo.
La dimisión se precipitó por el debate existente en torno a la presunta
apropiación indebida de terrenos baldíos en Vichada, los cuales están en poder
de empresas privadas que contaron para esos negocios con la asesoría de la
oficina de abogados que lideraba Urrutia. (Lea: Urrutia renunció para no 'generar un problema político':
Canciller).
Mientras que el Gobierno aseguró que la intención es evitar que se politice
la discusión sobre un nuevo modelo agrario, el Polo –partido que lideró las
denuncias contra el embajador– consideró tardía la renuncia y que el diplomático
debe darle explicaciones a la opinión pública.
Pero, en su defensa, el diplomático aseguró en la carta de renuncia que
confía “plenamente en la legalidad de las tesis jurídicas que sustentan ese
trabajo”.
Urrutia siempre estuvo dispuesto a presentar su renuncia para defenderse en
el terreno jurídico y evitar inconvenientes para el presidente Juan Manuel
Santos.
“Está demostrando su talante y su gallardía al insistir en su renuncia para
no prestarse a que su permanencia en la embajada sea utilizada para perjudicar
al Gobierno por quienes quieren politizar el debate sobre el futuro del modelo
agrícola que requiere la nación”, enfatizó Santos.
La canciller María Ángela Holguín. “En ningún momento le pedimos la
renuncia”, explicó la funcionaria, quien subrayó que “junto al presidente Santos
vamos a evaluar el momento en el que el señor Urrutia se devuelva” al país. A
renglón seguido enfatizó: “Somos gente decente”.
El Polo recibió esta renuncia como una “victoria” de la oposición sobre el
gobierno Santos, pero enfatizó en que es perentorio que Urrutia le dé la cara al
país.
El senador Jorge Enrique Robledo y el representante Wilson Arias, de ese
partido, han presentado documentos que, a su juicio, demostrarían un “entramado
jurídico” –presuntamente diseñado por la firma Brigard & Urrutia–, con el
que empresas como Caregill y Riopaila se habrían apoderado de más de 42.000
hectáreas de la Altillanura.
“La renuncia de Urrutia es un triunfo del debate democrático y de la
oposición del Polo, que habla con la verdad”, concluyó el senador Robledo.
Lo que dice la
denuncia del Polo
El Polo se basó en una serie de documentos que, según este partido,
demuestran la forma en que la firma de abogados Brigard & Urrutia diseñó una
estrategia jurídica presuntamente encaminada a que empresas como Cargill y
Riopaila se apoderaran de miles de hectáreas en el Vichada, con el fin realizar
proyectos agroindustriales en terrenos destinados a los campesinos.
Los congresistas Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo presentaron incluso
informes contables de los dineros que habría recibido la firma entre 2010 y 2011
por cuenta de esas asesorías. La denuncia indica que lo que se hizo fue crear
empresas “de papel”, con un capital que no superaba los 200.000 pesos, para
adquirir tierras en el Vichada. Luego, estas habrían sido vendidas a compañías
registradas en el exterior que, después, se las cedieron a las empresas
colombianas que hoy aparecen como dueñas y que, además, las están
explotando.
Arias y Robledo aseguran que fueron más de 42.000 hectáreas y que la asesoría
jurídica habría costado más de 300 millones de pesos.
Robledo arreció sus
críticas
El
senador Jorge E. Robledo arreció anoche sus críticas contra el Gobierno y el
embajador Carlos Urrutia.
Haciendo
uso de un recurso de réplica que por 20 minutos le concedió la plenaria del
Senado –para defenderse por la acusación del Ejecutivo de propiciar actos
violentos en los paros–, el congresista reiteró que Urrutia recibió honorarios
por diseñar un “entramado jurídico” para que algunas empresas se apropiaran de
tierras. Advirtió que “triunfó la verdad sobre la política del tapen-tapen”,
porque el Gobierno quiso “echarles tierra” a las denuncias y “no pudo”.
REDACCIÓN
EL TIEMPO
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