LOS CANDIDATOS TRADICIONALES CONTRA LA TUTELA
Los
actores institucionales de violencia no se detienen. Los ladrones de derechos
no duermen. La raposera de los expropiadores “legales” no pierde oportunidad
de intentar la destrucción del más
preciado mecanismo de defensa de los derechos humanos que tienen los
colombianos: LA ACCION DE TUTELA.
Todos los candidatos, menos la fórmula Clara
López-Aida Avella, consideran que se debe “reglamentar la tutela”.
Ya
la han venido mutilando para hacerla inoperante. Primero, dictaron un decreto
de “competencias”, contra expresa disposición constitucional que ordena su
conocimiento por cualquier juez; con el tiempo se han ido exigiendo requisitos
hasta convertirla, especialmente en asuntos laborales y de seguridad social, en
verdaderos tratados de especialistas para que pueda prosperar; y en materia
económica quedó herida de muerte con el llamado equilibrio o regla fiscal que
elimina su naturaleza de derecho FUNDAMENTAL.
Para eso se busca implementar un “incidente” que pretende imponer su
improcedencia “por falta de recursos”. Ahora se pregona la necesidad de “reglamentar la tutela” a propósito del
triunfo de Gustavo Petro.
No perdamos de vista esta verdad de la experiencia
histórica comprobable: “REGLAMENTAR” en
el lenguaje de los políticos tradicionales, que los hay en las altas cortes y
en abundancia, SIGNIFICA HACER INEFICAZ
LA TUTELA. Destruir su utilidad.
¡Eliminarla como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales!
Para
atacar el mecanismo de la tutela se utilizan estigmas tales como: LA “TUTELATON”, LA “TUTELITISIS”. “No
se puede permitir otra tutelatón como la de Petro”. “Hay que acabar con la
tutelitis”. Todos aquellos que utilizan esos términos SABEN muy bien lo que dicen, conocen muy bien
a quien tienen hipotecada la consciencia. El ataque a la tutela lo hacen de
mala fe, por una simple razón: El pueblo utiliza la tutela porque la justicia ordinaria
no funciona.
¿Por
qué no funciona la justicia? Porque si funcionara, no ganarían tanto en sus
negocios “lícitos”. Los que construyeron el Space serían condenados rápidamente
a pagar altas indemnizaciones a las víctimas; los desplazados tendrían rápida
recuperación de la tierra; los trabajadores enfermos y accidentados, sería
protegidos en su salud y seguridad e indemnizados por la aseguradora y por los patronos, etc. Por eso, hacen códigos
todos los días para dificultar el acceso a la administración de justicia. Y a
los jueces les enseñan a poner trabas a
los reclamantes de derechos.
La TUTELA no
requiere reformas. Por el contrario, debe exigirse a los operadores judiciales
la aplicación de la norma constitucional tal y como la concibió el
constituyente en el artículo 86 de la Constitución; y exigirles a los jueces y a las altas cortes
que regresen a la disposición original.
¿Y
qué dice el artículo 86 de la C.P.? Que
toda persona, así sea sordomuda analfabeta, negra, india o blanca, tiene
derecho a pedir a cualquier juez, en todo momento y lugar, de cualquier modo (por
señas, verbalmente o por escrito) que proteja sus derechos fundamentales. Y el
juez, sin decretar pruebas, de manera inmediata, procederá a dar protección.
Inclusive, debe actuar oficiosamente, aunque no se lo pidan.
¿Por
qué? Porque los derechos fundamentales NO
se estudian, no son objeto de especializaciones, no hacen parte de un
aprendizaje especial, porque SON PARTE
DE LA NATURALEZA HUMANA.
Lo
único que hay que hacer, es elevar la autoestima de la población para que
nuestras gentes se quieran como seres humanos, fomentar el empleo y la buena
alimentación y crear una judicatura democrática.
Solamente
una judicatura democrática puede reformar la justicia ordinaria, y cuando la
justicia ordinaria funcione, los ciudadanos no tendrán que utilizar la acción
de tutela porque estarían asegurados sus derechos.
Por
lo anterior, se invita a votar masivamente por LAS DOS MUJERES QUE PONDRAN A
SALVO LA ACCIÓN DE TUTELA: Clara
López, candidata a la Presidencia,
y Aída, Avella, candidata a la
vicepresidencia, quien participó en la discusión de la tutela tanto en la
Constituyente como en el Congresito.
Medellín,
10 de mayo de 2004
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