Ante la ONU: Denunciado gobierno colombiano por violación de DDHH y políticos (Ponencia)

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ONGs y dirigentes en Ginebra/Suiza.

 

Piden visibilizar la dramática situación colombiana y aumentar la solidaridad con el pueblo.

Por Eliecer Jiménez Julio, Ginebra, Suiza.

Las constantes y graves violaciones de los ddhh, la falta de garantías a la oposición política y social y el desconocimiento a las normas internacionales por parte del gobierno colombiano, fueron denunciados nuevamente y siguieron generando gran preocupación entre los participantes y ONGs internacionales que hacen presencia en la 25 sesión del Consejo de ddhh de la ONU en Ginebra, Suiza y que son comparables de manera negativa con otros estados del mundo que permanentemente asesinan, torturan, encarcelan, desplazan, exilian y persiguen física y jurídicamente a sus connacionales que realizan una oposición pacífica.

 

 

Así quedó demostrado en las diversas intervenciones que tuvieron lugar este jueves 19 de marzo durante el panel“Criminalización de la Protesta Social” que tuvo como expositores delegados de Colombia, Filipinas y el Sahara Occidental y que fue organizado por France Libertés: Fondation Danielle Mitterrand en cabeza de Christian Viret y Oretta Bandettini en colaboración con la Asociación ON Y VA “Globaliza la Solidaridad”.

 

 

El reverendo Jerome Canales Baris de la Iglesia Unida Cristiana de Filipinas, el ex prisionero político colombiano Fredy Julián Cortés y un representante de los defensores de los ddhh del Sahara Occidental, relataron a los presentes las difíciles y dramáticas situaciones de asesinatos, persecuciones torturas y encarcelamientos de miles de personas de la oposición en cada uno de sus países, coincidiendo junto con los organizadores del evento en la necesidad de unir esfuerzos con la mayor cantidad de ONGs defensoras de ddhh, para visibilizar ante el mundo estos graves hechos y continuar realizando gestiones ante la misma ONU a fin que diferentes gobiernos del mundo interesados en el tema puedan llamar la atención a gobiernos como Filipinas y Colombia para que respeten los ddhh y la democracia.

 

 

El ex prisionero político colombiano profesor Fredy Julián Cortés Urquijo, quien se encuentra exiliado en Bélgica y quien durante su exposición a tiempo que mostró varios afiches de dirigentes políticos, sociales y culturales de Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Partido Comunista y otros, que se encuentran en diversas prisiones colombianas como Huber Ballesteros, Francisco Toloza, David Ravelo, Joaquín Pérez y el cantante universitario Carlos Lugo, entre otros diez mil prisioneros políticos colombianos, hizo un relato descarnado sobre la forma como han venido siendo perseguidos los dirigentes de la oposición política y social en Colombia, no importando si son campesinos, estudiantes, intelectuales, periodistas, académicos, cantautores, etc.

 

 

Dijo el académico que “esa lucha por la democracia y el estado social de derecho consagrado en la Constitución Nacional de 1991, tiene enemigos escondidos en el militarismo, en el negocio del narcotráfico y las mafias, en las familias poderosas que no les conviene una apertura democrática, ni las políticas humanistas, ni sociales que durante décadas han disfrutado los pueblos de Europa. Familias disfrazadas de demócratas qué juegan a la guerra con la sangre de los hijos de familias humildes, mientras sus hijos se pasean cómodamente en el exterior disfrutando de las riquezas mal habidas de sus padres. Fue esa clase privilegiada la que desató el exterminio del movimiento Unión Patriótica y del partido comunista y que masacró impunemente a mas de 5000 de sus militantes y obligó a otros tantos a salvaguardar su vida en el exilio como es el caso de la ciudadana colombo-suiza Aida Abella, actual candidata a la vicepresidencia de Colombia y a otros más los conminó a unirse a las filas de la insurgencia armada. Esos privilegios no pueden ser tocados, nos han dicho. Pero el pueblo colombiano en su eterna dignidad, lucha se resiste de diversas formas. Y en ese andar, cientos de miles de hombres y mujeres luchadores populares y defensores de derechos humanos, han puesto su sangre, han sido desplazados de sus tierras o han pasado en algunos momentos de sus vidas sindicados o condenados por el delito de rebelión”.

 

 

Con referencia a la destitución que realizó el gobierno nacional esta semana contra el dirigente de izquierda Gustavo Petro como alcalde popular de Bogotá, dijo “ Petro, quien fuese guerrillero en la década de los ochenta, y también prisionero político, y quien fue elegido por voto popular, fue destituido de su cargo el día de ayer por enfrentarse contra los oscuros intereses de las élites colombianas pese ha haber recibido medidas cautelares por parte de la comisión interamericana de derechos humanos, esta situación demuestra una vez más la falta de garantías para la oposición política en Colombia”.

 

 

El profesor Cortes, evocó un país en paz ante los presentes “Quisiera poder decirles, que vengo de un país que halogrado firmar la paz, y que la guerra que nos ha golpeado durante más de 60 años por fin ha terminado, y que ya es posible la existencia de un partido político de izquierda, de oposición a los partidos tradicionales que pueda participar en condiciones de igualdad en el campo político sin que sea criminalizado y perseguido. Que en nuestro pueblo las balas de fusil fueron silenciadas, y soldados y guerrilleros nunca más serán muertos en el campo de batalla, que la guerra dejó de ser una alternativa de trabajo para los más pobres, y que las madres colombianas dejarán de parir más hijos para la guerra, que nuestros campesinos por fin tienen tierra para cultivar y viven tranquilos en sus parcelas sin el temor al terror paramilitar o el militarismo y ya no tienen necesidad de sembrar cultivos ilícitos como la coca para poder subsistir. Que los recursos de antaño invertidos en la guerra, hoy se invierten en la educación de miles de jóvenes estudiantes, en salud, en oportunidades distintas a emplearse en algún grupo armado, que nuestras grandes riquezas explotadas durante siglos y que aún persisten en nuestro suelo, nos pertenecen y dejaron de ser saqueadas por imperios multinacionales que desplazan campesinos, explotan a nuestros obreros y dañan nuestro medio ambiente, que en nuestro país ya no se asesinan sindicalistas, ni se persiguen pensadores, ni académicos críticos, ni periodistas alternativos. Quisiera contarles en este escenario, que en nuestra patria es posible pensar en un país distinto sin temor a ser callado o silenciado en una prisión, o exiliado de nuestro suelo o, peor aún, desaparecido físicamente.

 

 

Pero no puedo. Vengo como muchos de esos colombianos parte de la diáspora de miles de colombianos emigrados a la fuerza por nuestro pensamiento divergente”.

 

 

Con la angustia y preocupación reflejada en los rostros de los presentes en el salón de la ONU, por el relato del ex prisionero político colombiano se supo de las condiciones infrahumanas y de hacinamiento de la población carcelaria, de cómo la alimentación a los prisioneros “se ha convertido en un negocio más de las élites locales donde se ganan jugosos beneficios con la comida de los privados de la libertad” y la salud en las prisiones “refleja la crisis nacional del sector que fue cedido a manos privadas que se lucran de la enfermedad de los colombianos. Si se es preso la salud vale menos, no es negocio mantener un reo con vida, es costoso para el sistema carcelario. De este modo muchos prisioneros mueren en las cárceles por falta de atención debida, tal es el caso de Ramón Emilio Mallarino, quien murió el pasado 18 de marzo por falta de atención medica, donde permaneció desde el día anterior tirado en el suelo del centro médico sin ser atendido”.

 

 

Con relación a las prisioneras políticas dijo:”son sometidas a graves violaciones de sus derechos al momento de la captura y muchas veces son tomadas como trofeos de guerra y violadas por parte de la fuerza pública”.

 

 

En referencia al proceso de paz y la continuidad de la luchas sociales en Colombia Julián Cortes dijo que: “este proceso de paz debe ser abrazado fuertemente por la ONU, ya que sobre él pesan poderosos intereses militaristas que viven de la guerra y de la tragedia humanitaria en Colombia que hacen todo lo posible para que este no culmine exitosamente. Pero ese apoyo no sólo debe ser de manera expresa si no con una exigencia contundente al gobierno colombiano para qué cese la persecución de las organizaciones y dirigentes de los movimientos sociales y de la izquierda colombiana siendo ésta la única y verdadera apuesta para conquistar la paz qué necesita el país. Necesitamos de la solidaridad internacional expresada en un apoyo decidido a la construcción de la paz que signifique una mayor garantía de los derechos humanos, civiles y políticos de los colombianos. Díganos señores de la ONU, si bajo las condiciones actuales podemos los colombianos manifestarnos en las calles, si podemos organizar sindicatos, participar libremente en política, o pensar de manera distinta sin sentirnos perseguidos. Hoy las calles y camposcolombianos se colman de indignados, que a pesar de la represión institucional insisten en la posibilidad de la construcción de la paz y de una verdadera democracia en Colombia. Nuestra lucha, la lucha del pueblo colombiano no es terrorismo, tiene un nombre: se llama dignidad”.

 

 

Posterior al panel de la ONU, se realizó el conversatorio Criminalización de la protesta social en Colombia en la sede de la Maison des Associations de Ginebra, la cual fue animada artísticamente por Raquel Bernal y con presencia de dirigentes de France Libertés: Fondation Danielle Mitterrand, Mouvement vers la Révolution Citoyenne, ON Y VA, Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Aipazcomun, Solidaridad Latina, el Capitulo Europa del Observatorio de paz y ddhh de la U. Distrital Bogotá, entre otros, se continuó debatiendo sobre la crítica situación carcelaria colombiana y que sirvió para que los presentes tuvieran oportunidad de conocer detalles y anécdotas de las vivencias, torturas y fortaleza de los prisioneros políticos colombianos y se destacó la necesidad de continuar en el apoyo y solidaridad con las próximas luchas venideras acordadas en La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular realizada la semana anterior en Bogotá. 

 

 

Se destaca la intervención del arquitecto, periodista y gran conocedor de América Latina René Lechleiter nacional y residente en Suiza, quien hace poco retornó de Colombia y le sorprendió la forma como su población, se manifestaba a en las calles de ciudades y el campo, perdiendo el miedo a la represión, pero que estas protestas no eran suficientemente visibilizadas ni hacia el interior de Colombia y menos al exterior debido al bloqueo y manipulación de los grandes medios de comunicación, por lo que propuso para el caso de Suiza seguir desarrollando una tarea pedagógica hacia el pueblo helvético a fin de explicar la tragedia colombiana y el porqué la presencia de muchos exiliados en Suiza

 

 

Eliecer Jimenez Julio

Periodista colombiano exiliado politico.

 

* Leer a continuación la ponencia presentada por Fredy Julián Cortés en panel ONU.

 

 

PONENCIA:

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL Y DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN COLOMBIA ANTE EL  CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

 

Por: Julián Cortes, Ex prisionero político de conciencia en Colombia

 

 

Señores:

 

 

Delegados a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

 

Organizaciones solidarias, ON Y VA, France Libertés (Fundación Daniela Mitterrand), Asociación Americana de Juristas, Federación Sindical Mundial, Organizaciones no Gubernamentales con estatus consultivo ante el ECOSOC y con representación permanente ante la ONU en Nueva York y Ginebra. Solidaridad Latina, Aipazcomun-suisse, Capítulo Europa del Observatorio de Derechos Humanos Paz y conflicto Alfredo Correa D´Andreis de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Unión Patriótica Suiza.

 

Damas y caballeros asistentes:

 

Yo vengo de Colombia, tal vez sea uno más de tantos colombianos que han pisado este escenario para contarles a ustedes alguna denuncia de violación de DDHH en nuestra patria.

 

Hoy quisiera decirles algo distinto a lo que sus oídos están acostumbrados a escuchar:

 

 

Quisiera poder decirles, por ejemplo, que vengo de un país que ha logrado firmar la paz, y que la guerra que nos ha golpeado durante más de 60 años por fin ha terminado; quisiera decirles que en nuestro país ya es posible la existencia de un partido político de izquierda y de oposición a los partidos tradicionales que pueda participar en condiciones de igualdad en el campo político sin que sea criminalizado y perseguido.

 

Quisiera decirles que en nuestro pueblo las balas de fusil fueron silenciadas, y soldados y guerrilleros nunca más serán muertos en el campo de batalla.

 

Quisiera decirles también que la guerra ya dejó de ser una alternativa de trabajo para los más pobres, y que las madres colombianas dejarán de parir más hijos para la guerra.

 

Quisiera contarles que nuestros campesinos por fin tienen tierra para cultivar y viven tranquilos en sus parcelas sin el temor al terror paramilitar o el militarismo y ya no tienen necesidad de sembrar cultivos ilícitos como la coca para poder subsistir. Quisiera poder contarles que los recursos de antaño invertidos en la guerra, hoy se invierten en la educación de miles de jóvenes estudiantes, en salud, en oportunidades distintas a emplearse en algún grupo armado.

 

Quisiera decirles también, que nuestras grandes riquezas explotadas durante siglos y que aún persisten en nuestro suelo, nos pertenecen y dejaron de ser saqueadas por imperios multinacionales que desplazan campesinos, explotan a nuestros obreros y dañan nuestro medio ambiente.

 

Quisiera poder contarles que en nuestro país ya no se asesinan sindicalistas, ni se persiguen pensadores, ni académicos críticos, ni periodistas alternativos. Quisiera contarles en este escenario, que en nuestra patria es posible pensar en un país distinto sin temor a ser callado o silenciado en una prisión, o exiliado de nuestro suelo o, peor aún, desaparecido físicamente.

 

Pero no puedo. Vengo como muchos de esos colombianos parte de la diáspora de miles de colombianos emigrados a la fuerza por nuestro pensamiento divergente. Soy uno más de esa larga procesión de colombianos patriotas que hemos tenido que salir de nuestra patria por temor a una cárcel o una muerte segura.

 

Colombianos de todos los sectores sociales desde antes de la independencia hasta nuestros días nos hemos resistido a la ignominia y el abandono que durante años han querido perpetrar contra nuestro pueblo, ese sector arrogante, explotador e individualista que se cree con el derecho providencial de dirigir los destinos de nuestra Nación en función de su disfrute personal. Son los multimillonarios beneficios de un país extraordinariamente rico como ninguno en Latinoamérica, en recursos naturales, en biodiversidad, en cultura y en trabajo duro apropiados durante años por unas cuantas familias colombianas y unos cuantos beneficiados extranjeros que explotan el petróleo, los recursos mineros y la tierra generando despojo y violencia.

 

Pero son también las múltiples formas de Resistencia Popular, que desde la época del imperio español fueran dirigidas por el gran Simón Bolívar, la que día a día recorre las calles colombianas, los campos, las movilizaciones sociales, las cátedras universitarias, los sindicatos. De la misma manera como la Europa del siglo XX venció al fascismo instaurando sociedades con un amplio respeto a los derechos humanos, civiles y políticos, nuestro pueblo colombiano ha venido luchando por una verdadera democracia.

 

Son las comunidades indígenas que desde hace 500 años se resisten a desaparecer; son los mismos pueblos afro descendientes traídos a nuestro suelo como esclavos que se niegan a seguir siéndolo en pleno siglo XXI.

 

Pero esa lucha por la democracia y el estado social de derecho consagrado en la Constitución Nacional de 1991, por supuesto que tiene sus enemigos. Enemigos escondidos en el militarismo, en el negocio del narcotráfico y las mafias, y en las familias poderosas que no les conviene una apertura democrática, ni las políticas humanistas, ni sociales que durante décadas han disfrutado los pueblos de Europa.

 

Familias disfrazadas de demócratas qué juegan a la guerra con la sangre de los hijos de familias humildes, mientras sus hijos se pasean cómodamente en el exterior disfrutando de las riquezas mal habidas de sus padres.

 

Fue esa clase privilegiada la que desató el exterminio del movimiento Unión Patriótica y del partido comunista y que masacró impunemente a mas de 5000 de sus militantes y obligó a otros tantos a salvaguardar su vida en el exilio como es el caso de la ciudadana colombo-suiza Aida Abella, actual candidata a la vicepresidencia de Colombia y a otros más los conminó a unirse a las filas de la insurgencia armada.

 

Esos privilegios no pueden ser tocados, nos han dicho. Pero el pueblo colombiano en su eterna dignidad, lucha y se resiste de diversas formas. Y en ese andar, cientos de miles de hombres y mujeres luchadores populares y defensores de derechos humanos, han puesto su sangre, han sido desplazados de sus tierras o han pasado en algunos momentos de sus vidas sindicados o condenados por el delito de rebelión.

 

En medio del largo conflicto social y armado de nuestro país, los sectores dominantes no han dudado en reprimir militar, social, jurídica y mediáticamente a quienes hacemos parte de la oposición. Con el titulo de guerrillero, de rebelde, bandolero, facineroso o de terrorista somos tratados los colombianos que nos oponemos al modelo económico  impuesto por el FMI y el BM, y al estado mafioso y corrupto de nuestro país. De este modo miles de colombianos viven en estos momentos en alguna prisión colombiana. Mas de 9500 patriotas dentro de los cuales según las estadísticas de organizaciones sociales menos del 10 % corresponde a miembros activos de las organizaciones insurgentes. Es decir que la gran mayoría de los prisioneros políticos en Colombia son hombres y mujeres que no pertenecen a ningún grupo armado, tan solo son campesinos, estudiantes, sindicalistas, obreros o intelectuales vinculados por el estado en falsos procesos jurídicos con el propósito sistemático de criminalizar la protesta y la movilización social. La gran mayoría son de origen campesino, es pues la clase campesina colombiana la que mas padece la persecución estatal.

 

Huber Ballesteros un líder campesino colombiano dirigente del reciente movimiento político Marcha Patriótica fue puesto prisionero el pasado mes de agosto de 2013, sindicado de pertenecer al grupo guerrillero de las FARC-EP. La última captura masiva fue el pasado 21 de febrero cuando 11 integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA, filial de FENSUAGRO) fueron capturados en el marco de la cumbre departamental agraria y popular.

 

La academia por su parte también ha sufrido las consecuencias de la persecución al pensamiento crítico en el marco del conflicto armado. La falsa judicialización y posterior asesinato del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa de Andreis en el año 2004 por parte del DAS (Departamento administrativo de seguridad), cuyo jefe de esta institución colombiana se encuentra actualmente en prisión por ser el autor intelectual del magnicidio. También fuimos judicializados en años pasados los profesores universitarios Miguel Ángel Beltrán, William Javier Díaz, la Socióloga Liliany Obando y quien les habla: Julián Cortés. Recientemente, los profesores Carlo Carrillo y el docente universitario en Ciencias políticas, Francisco Toloza, fue capturado el pasado mes de enero.

 

La dirigente de izquierda Piedad Córdoba y el periodista Carlos Lozano sufrieron investigaciones en su contra por su supuesta colaboración con la insurgencia de las Farc. Y actualmente el periodista Joaquín Pérez, ciudadano Sueco-Colombiano, se encuentra pagando una pena de 8 años por el delito de rebelión.

 

Oscar Hurtado por su parte, es un juez de la república que se negó a obedecer directrices de la política de seguridad democrática, como la legalización de capturas masivas, los falsos positivos o las detenciones arbitrarias y por actuar en derecho y respeto a los derechos humanos fue judicializado por prevaricato.

 

El líder indígena Jesús Mestizo perteneciente a la Asociación indígena Paez “AVELINO UL” fue detenido en Junio de 2009 y condenado a 8 años de cárcel por el delito de rebelión.

 

El cantante y estudiante universitario Carlos Lugo junto con otros estudiantes pertenecientes a la Federación de estudiantes universitarios, fueron vinculados a un proceso por rebelión y se encuentran en prisión desde octubre de 2011 sin que se le otorguen el derecho a libertad por vencimiento de términos legalmente constituida en el código penal, en una flagrante violación al debido proceso.

 

De este modo el naciente movimiento social y político Marcha Patriótica desde su creación en el año 2010, lleva más de 250 activistas prisioneros en las cárceles de Colombia y 29 activistas asesinados por fuerzas narco paramilitares.

 

El actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fuese guerrillero en la década de los ochenta, y también prisionero político, y quien fue elegido por voto popular, fue destituido de su cargo el día de ayer por enfrentarse contra los oscuros intereses de las élites colombianas pese ha haber recibido medidas cautelares por parte de la comisión interamericana de derechos humanos, esta situación demuestra una vez más la falta de garantías para la oposición política en Colombia.

 

Este es tan solo un pequeño panorama del paisaje desolador de la represión en Colombia.

 

La vida en prisión en una cárcel colombiana de por sí es muy difícil, máxime cuando se es prisionero político se agudizan todos los mecanismos de represión, tortura física y psicológica por parte de los “cancerberos” y de muchos jueces colombianos que tienen la orden especifica de tratar con todo el peso de la ley los casos derivados del delito político de rebelión.

 

Así, los prisioneros políticos nos vemos sumidos en una grave violación de nuestros derechos fundamentales consagrados legal y constitucionalmente. Derechos que son disfrutados por una parte de la población carcelaria, pero que son negados a los prisioneros políticos y a quienes no tienen las posibilidades de pagar por ellos. De este modo los beneficios jurídicos como libertad condicional y la vigilancia electrónica a pesar de ser este último un mecanismo alternativo para los prisioneros condenados por delitos menores, (como la rebelión), se nos es negado con el argumento de que un rebelde es un peligro para la sociedad.

 

Los montajes judiciales, compra de testigos, presión y chantajes a sindicados para que acepten sus condenas, aumento exagerado de condenas, presiones de organismos militares y policiales ajenos a la rama judicial, amenazas contra los familiares, son parte de una estrategia consolidada contra los detenidos por motivos políticos. El militarismo aliado con un amplio sector de la rama judicial, fabrica pruebas en contra de personas inocentes para presentarlos ante los medios y ante los jueces como peligrosos miembros de organizaciones insurgentes.

 

En prisión las condiciones de hacinamiento de toda la población carcelaria en los últimos años ha sobrepasado el límite. Con un sobre cupo de más del 100% en muchas prisiones, nos vemos obligados los presos a dormir 8 o 10 personas en pequeñas celdas destinadas para dos. Los prisioneros son trasladados cientos de kilómetros separados de sus familias a modo de castigo, o a modo de venganza. Las requisas a mujeres y niños que visitan a sus parientes son degradantes y abusivas generando nuevamente un trato inhumano hacia quienes no tienen por qué padecer la prisión.

 

La alimentación por su parte se ha convertido en un negocio más de las élites locales donde se ganan jugosos beneficios con la comida de los privados de la libertad. La salud en las prisiones por su parte refleja la crisis nacional del sector, sector importante que fue cedido a manos privadas que se lucran de la enfermedad de los colombianos. Si se es preso la salud vale menos, no es negocio mantener un reo con vida, es costoso para el sistema carcelario. De este modo muchos prisioneros mueren en las cárceles por falta de atención debida, tal es el caso de Ramón Emilio Mallarino, quien murió el pasado 18 de marzo  por falta de atención medica, donde permaneció desde el día anterior tirado en el suelo del centro médico sin ser atendido.

 

Ramón Jiménez, es un joven prisionero de guerra que fue víctima de una granada del ejercito que hirió su pierna izquierda, pese a que con un tratamiento médico adecuado esta hubiese podido curarse, la negligencia del servicio médico del instituto penitenciario obligó a que se le amputara dejando al joven minusválido.

 

Las mujeres por su parte, en una sociedad patriarcal como la colombiana que las margina social y políticamente, sufren peores condiciones en la cárcel. Madres cabeza de hogar que no pueden amamantar a sus hijos y verlos crecer, o mujeres que son segregadas dentro de las cárceles con el argumento de que son la minoría dentro de la población carcelaria. Las cárceles actualmente no poseen una política con perspectiva de género que permita un tratamiento especial y adecuado para ellas en las prisiones. Las prisioneras políticas adicionalmente son sometidas a graves violaciones de sus derechos al momento de la captura donde muchas veces son tomadas como trofeos de guerra y violadas por parte de la fuerza pública.

 

Es pues la existencia de los prisioneros políticos, otra prueba más de la realidad del conflicto social y armado que requiere del concurso de los demás países del mundo para solucionarse de la mejor manera. Son entonces los prisioneros políticos otras víctimas del conflicto armado colombiano.

 

Paradójicamente ese conflicto armado negado durante más de una década en la que se combatió a los insurgentes por todos lo medios posibles, legales e ilegales, hoy es reconocido ampliamente y de facto por la comunidad nacional e internacional ante las actuales negociaciones de paz en la Habana Cuba.

 

El proceso de paz en Colombia debe ser abrazado fuertemente por la Organización de las Naciones Unidas, ya que sobre él pesan poderosos intereses militaristas que viven de la guerra y de la tragedia humanitaria en Colombia y hacen todo lo posible para que este no culmine exitosamente. Pero ese apoyo no sólo debe ser de manera expresa si no con una exigencia contundente al gobierno colombiano para qué cese la persecución de las organizaciones y dirigentes de los movimientos sociales y de la izquierda colombiana siendo ésta la única y verdadera apuesta para conquistar la paz qué necesita el país. Necesitamos de la solidaridad internacional expresada en un apoyo decidido a la construcción de la paz que signifique una mayor garantía de los derechos humanos, civiles y políticos de los colombianos.

 

No se puede hablar de paz  mientras el Estado continúe persiguiendo a quienes pensamos diferente, a quienes hacemos oposición política. No se puede hablar de paz mientras el Estado colombiano ve un guerrillero en cada campesino, estudiante, obrero o académico progresista y demócrata. No se puede hablar de paz mientras se asesina al campesino que reclama su tierra, o al estudiante que lucha por la educación pública, o al sindicalista que lucha por sus derechos, o al pensador crítico que nace en la academia. No se puede hablar de paz mientras el Estado continúe practicando la doctrina del enemigo interno con la cual se criminaliza se persigue y se asesina al opositor político. No se puede hablar de paz si no hay garantías para que los alzados en armas puedan ejercer sus derechos políticos cuando no se respeta la elección democrática del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuya participación fue producto de una negociación de paz con el grupo guerrillero M19.

 

Díganos señores de la ONU, si bajo las condiciones actuales podemos los colombianos manifestarnos en las calles, si podemos organizar sindicatos, participar libremente en política, o pensar de manera distinta sin sentirnos perseguidos.

 

De continuar así esta política del gobierno colombiano y de las élites económicas y militares del país, la historia seguirá marcando la decisión de muchos sectores sociales que se han sumado a la insurgencia para defender sus vidas o que han utilizado las armas para proponer un proyecto político que no es viable proponer de manera civilista por falta de garantías.

 

Hoy las calles y campos colombianos se colman de indignados, que a pesar de la represión institucional insisten en la posibilidad de la construcción de la paz y de una verdadera democracia en Colombia.

 

Nuestra lucha, la lucha del pueblo colombiano no es terrorismo, tiene un nombre: se llama dignidad.