Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, agosto 20 de 2013
(c)polomoir
Contrato
se prorrogó sin estudios. Genera detrimento patrimonial. Riesgo moral para la
evasión de impuestos. Órganos de Control deben sancionar.
En el debate de control político sobre el nuevo
contrato de Cerro Matoso, el senador Robledo hizo fuertes cuestionamientos al
Ministerio de Minas.
Robledo explicó que el gobierno protegió los intereses
de la multinacional al reconocer la legalidad de un contrato que a todas luces
era ilegal. Cerro Matoso tiene tres contratos, dos de los cuales concentran el
95% de las reservas y el 100% de la producción, y que debían vencerse en
septiembre de 2012. Pero en 1996 se firmó un tercer contrato que las prorrogó
hasta el 2029, a pesar de que la legislación no permitía este tipo de
prórrogas. “En el área de ese tercer contrato no se ha explotado ni un gramo de
níquel y solo tiene el 5% de las reservas, lo que evidencia que la única
finalidad del Contrato 051 era prorrogar de manera ilegal las dos concesiones”.
En estas circunstancias el gobierno debió demandar el
contrato y así fortalecer su poder de negociación. Sin embargo, elevó una
consulta al Consejo de Estado calculada para proteger a la multinacional y
lavarse las manos.
El congresista hizo graves denuncias sobre el nuevo
contrato. Señaló que el gobierno aceptó prorrogar los contratos hasta el 2044
aceptando el argumento de la empresa sobre reducción del tenor del níquel. Sin
embargo el Ministerio no tenía estudios que verificaran la calidad del
yacimiento, pues Corficolombiana y CRU Estrageties(sic), empresas contratadas
para hacer este análisis, reconocieron no tener la capacidad técnica para
estudiar la calidad de la mina.
El contrato genera un detrimento patrimonial porque, a
cambio de la no reversión de unos activos valorados en $1,3 billones y que han
generado utilidades promedio de 344 mil millones, Cerro Matoso pagará $22.843
millones anuales. Si se compara con las tasas que en Canadá se sugieren para el
arrendamiento de equipos, lo pactado genera un detrimento patrimonial de por lo
menos 60 mil millones de pesos anuales.
Una de las cosas más graves es que el gobierno
autorizó a Cerro Matoso a subcontrar(sic) la operación del proyecto de
lixiviación con una empresa de BHP Billiton, lo que, según la Contraloría,
genera un “riesgo moral” para la evasión de impuestos y de regalías.
El gobierno tampoco exigió el pago de regalías por la
explotación de hierro. En materia de inversión social la empresa seguirá
invirtiendo lo mismo que ha invertido en los últimos años, recursos que no han
resueltos los enormes problemas de las comunidades pero que sí sirven para
hacer politiquería. No se pactaron mecanismos para proteger la salud de los
vecinos de la mina, ni se ajustó el permiso ambiental que Cerro Matoso tiene
desde 1982 a la ley, y tampoco se resolvieron los problemas de los
trabajadores. Tampoco se le exigió a Billiton pagar los 60 mil millones de
pesos que según la Contraloría debe por concepto de regalías.
Robledo concluyó señalando que, mientras el Presidente
es generoso con las multinacionales, responde con represión los justos reclamos
de pequeños y medianos mineros, campesinos, indígenas y empresarios nacionales.
Vídeo: Cerro Matoso: Un negocio que produce 340 mil millones se arrendó por 30 mil millones de pesos (Senador Robledo°
