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jueves, 8 de mayo de 2014
sábado, 25 de enero de 2014
La minería no se puede analizar a corto plazo
Luis Jorge Garay dice que el sistema de exploración de minerales en el país es cortoplacista. Director de la reciente investigación ‘Minería en Colombia’
El economista Luis Jorge Garay Salamanca asegura que el nivel de tributación de la minería es muy bajo.
El jueves de la semana pasada se presentó el segundo libro de una profunda investigación que adelanta Luis Jorge Garay con un grupo de expertos sobre Minería en Colombia.
miércoles, 4 de septiembre de 2013
Minería: “Las grandes máquinas lo destruyeron todo” por Iván Cepeda
Estuve visitando a los trabajadores de las empresas trasnacionales que explotan la minería a cielo abierto en el centro del Cesar. También visité a varias comunidades que han sufrido los estragos al estar ubicadas a pocos kilómetros de las gigantescas minas.
El paisaje en esas zonas del país se ha transformado de forma radical. Ocho enormes cráteres han destruido la vieja y productiva sabana del Cesar, en un área de 95 mil hectáreas explotadas por empresas como Drummond y Glencore. “Llegaron las grandes máquinas y lo destruyeron todo”, así me lo dijo un campesino, mientras observábamos la devastación.
Toneladas de carbón son extraídas a diario y llevadas a los puertos en Santa Marta, en un tren de 120 vagones que circula 48 veces al día de ida y vuelta. Dos veces por hora, los habitantes de la región sienten el paso del ruidoso convoy, que no es la “locomotora del progreso y la prosperidad” que anuncia el gobierno actual, sino el oscuro fantasma que deja una estela de hollín y enfermedad cuando pasa.
Es el caso de las comunidades de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito, enfermas desde hace diez años. Sus habitantes dicen que en esos caseríos no se han visto las regalías jamás, que abunda la prostitución de adultos y niños, y que los jóvenes no tienen otras perspectivas distintas a las de las minas, terminando discapacitados a muy temprana edad por las enfermedades pulmonares, pues los tiempos en los que vivían de la pesca llegaron a su fin.
Contrario a la promesa del desarrollo a través de la explotación minera, luego de 23 años de explotación de carbón a cielo abierto en su territorio, el Gobierno ha ordenado el reasentamiento de esas tres poblaciones debido a los altos niveles de contaminación. No obstante, las soluciones no parecen estar cerca. A pesar de las resoluciones expedidas en 2010 por el Ministerio de Ambiente, que ordenaron el reasentamiento en el término de dos años, éste no se ha cumplido.
En el plano de los derechos laborales, el panorama no es mejor. Son miles de discapacitados despedidos, mutilados, perseguidos por su actividad sindical o desprotegidos por la legislación laboral, que contradicen las promesas de empleo digno que llegan con estas empresas.
Los trabajadores de Drummond que cumplen un mes en huelga reportan alrededor de 800 empleados con graves enfermedades respiratorias. Denuncian que cuando las empresas necesitan recortar la nómina, eligen a los trabajadores más enfermos para despedirlos, pues con ello se libran de la responsabilidad que les cabe en su atención y recuperación. Para motivar esos despidos, los empleados manifiestan que la empresa recurre a toda clase de métodos, hasta el punto de lograr la manipulación de las historias clínicas que reposan en los hospitales donde reciben los diagnósticos.
Los derechos sindicales se han vuelto cada vez más difíciles de ejercer. La empresa ha llegado al punto, según denuncian los trabajadores, de enviar comisiones a sus hogares para presionar a sus familiares sobre la inconveniencia de la actividad sindical, eso sumado a la presión que ejercen grupos paramilitares en la región, de los cuales se conocieron amenazas en los meses de abril y agosto del presente año.
También está el caso de los trabajadores de la Mina La Francia, quienes hace casi ocho meses permanecen en huelga reclamando la sustitución patronal, ante la suspensión ilegal de sus contratos por un conflicto entre la empresa Colombian National Resources, titular de la mina, y el Consorcio Minero del Cesar, la empresa operadora. Las empresas amenazan con evacuarlos a través de una acción administrativa.
Estas tres situaciones descritas permiten concluir que son más los perjuicios que los beneficios que la gran minería deja en las zonas donde ejerce su actividad. Son territorios vedados para el control del Estado. No hay verificación por parte de los organismos competentes sobre los daños irreversibles al medio ambiente, no existe control por parte del Ministerio de Trabajo sobre las violaciones a los derechos laboral y sindical, además los grupos ilegales pregonan su apoyo a las empresas en la región, mientras amenazan a sus trabajadores.
Un espectáculo de semejante dimensión y gravedad no puede ser el reflejo de una ‘locomotora del progreso’, ni del desarrollo de una región, sino más bien de la devastación. Por eso, es imperativo que desde todos los escenarios posibles se emprendan acciones decididas para exigirle al Gobierno Nacional una política minera seria y responsable que comprometa a la inversión extranjera con el cumplimiento de la ley, y con un mínimo de respeto por las comunidades que lo están perdiendo todo, hasta el derecho a respirar un aire puro.
Minería: “Las grandes máquinas lo destruyeron todo”
viernes, 23 de agosto de 2013
Audio en el que transmite un programa sobre Colombia y la minería
Audio del canal Al Jazeera en el que transmite un programa sobre Colombia y la mineria
POR UNA COLOMBIA DECENTE, EL POLO PRESENTE
miércoles, 21 de agosto de 2013
Cerro Matoso: Un negocio que produce 340 mil millones se arrendó por 30 mil millones de pesos (Senador Robledo)
Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, agosto 20 de 2013
(c)polomoir
Contrato
se prorrogó sin estudios. Genera detrimento patrimonial. Riesgo moral para la
evasión de impuestos. Órganos de Control deben sancionar.
En el debate de control político sobre el nuevo
contrato de Cerro Matoso, el senador Robledo hizo fuertes cuestionamientos al
Ministerio de Minas.
Robledo explicó que el gobierno protegió los intereses
de la multinacional al reconocer la legalidad de un contrato que a todas luces
era ilegal. Cerro Matoso tiene tres contratos, dos de los cuales concentran el
95% de las reservas y el 100% de la producción, y que debían vencerse en
septiembre de 2012. Pero en 1996 se firmó un tercer contrato que las prorrogó
hasta el 2029, a pesar de que la legislación no permitía este tipo de
prórrogas. “En el área de ese tercer contrato no se ha explotado ni un gramo de
níquel y solo tiene el 5% de las reservas, lo que evidencia que la única
finalidad del Contrato 051 era prorrogar de manera ilegal las dos concesiones”.
En estas circunstancias el gobierno debió demandar el
contrato y así fortalecer su poder de negociación. Sin embargo, elevó una
consulta al Consejo de Estado calculada para proteger a la multinacional y
lavarse las manos.
El congresista hizo graves denuncias sobre el nuevo
contrato. Señaló que el gobierno aceptó prorrogar los contratos hasta el 2044
aceptando el argumento de la empresa sobre reducción del tenor del níquel. Sin
embargo el Ministerio no tenía estudios que verificaran la calidad del
yacimiento, pues Corficolombiana y CRU Estrageties(sic), empresas contratadas
para hacer este análisis, reconocieron no tener la capacidad técnica para
estudiar la calidad de la mina.
El contrato genera un detrimento patrimonial porque, a
cambio de la no reversión de unos activos valorados en $1,3 billones y que han
generado utilidades promedio de 344 mil millones, Cerro Matoso pagará $22.843
millones anuales. Si se compara con las tasas que en Canadá se sugieren para el
arrendamiento de equipos, lo pactado genera un detrimento patrimonial de por lo
menos 60 mil millones de pesos anuales.
Una de las cosas más graves es que el gobierno
autorizó a Cerro Matoso a subcontrar(sic) la operación del proyecto de
lixiviación con una empresa de BHP Billiton, lo que, según la Contraloría,
genera un “riesgo moral” para la evasión de impuestos y de regalías.
El gobierno tampoco exigió el pago de regalías por la
explotación de hierro. En materia de inversión social la empresa seguirá
invirtiendo lo mismo que ha invertido en los últimos años, recursos que no han
resueltos los enormes problemas de las comunidades pero que sí sirven para
hacer politiquería. No se pactaron mecanismos para proteger la salud de los
vecinos de la mina, ni se ajustó el permiso ambiental que Cerro Matoso tiene
desde 1982 a la ley, y tampoco se resolvieron los problemas de los
trabajadores. Tampoco se le exigió a Billiton pagar los 60 mil millones de
pesos que según la Contraloría debe por concepto de regalías.
Robledo concluyó señalando que, mientras el Presidente
es generoso con las multinacionales, responde con represión los justos reclamos
de pequeños y medianos mineros, campesinos, indígenas y empresarios nacionales.
Vídeo: Cerro Matoso: Un negocio que produce 340 mil millones se arrendó por 30 mil millones de pesos (Senador Robledo°
martes, 30 de julio de 2013
Cómo es de diferente actitud del gobierno frente a pequeña minería nacional y la gran minería trasnacional: Robledo en carta a Santos
©PDA
En la misiva el congresista del Polo Democrático Alternativo solicita que se respete la voluntad del municipio de Piedras para que no se haga minería en esa población tolimense.
El senador Jorge Enrique Robledo envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la queexpresa su desacuerdo con la política de explotación minera del país.
Robledo señala en la misiva que “es evidente que mientras el gobierno es duro, intransigente, con los pequeños mineros colombianos, a los que estigmatiza, no les atiende sus reclamos y reprime, es blando, flexible, con la gran minería extranjera”.
Así mismo, asegura que el ministro de Minas ha salido a “descalificar la consulta de los habitantes de Piedras, que en 98 por ciento rechaza la muy desproporcionada pretensión de la Anglo Gold Ashanti de transportar a lo largo de setenta kilómetros –de Cajamarca a Piedras– miles de millones de toneladas de rocas”.
El texto de la carta con fecha 29 de julio del senador Robledo al presidente Santos es el siguiente:
Señor Presidente:
Debo expresarle mi total desacuerdo con la política minera del gobierno, política que se ilustra con una posición tan diferente frente a dos hechos simultáneos que son noticia en el país: el paro de los pequeños mineros artesanales y empresariales y la decisión democrática del pueblo de Piedras, en el Tolima, de decirle no a la gran minería.
Porque es evidente que mientras el gobierno es duro, intransigente, con los pequeños mineros colombianos, a los que estigmatiza, no les atiende sus reclamos y reprime, es blando, flexible, con la gran minería extranjera, en cuya defensa ha salido el ministro de Minas a descalificar la consulta de los habitantes de Piedras, que en 98 por ciento rechaza la muy desproporcionada pretensión de la Anglo Gold Ashanti de transportar a lo largo de setenta kilómetros –de Cajamarca a Piedras– miles de millones de toneladas de rocas, para procesarlas con el agua de los piedrunos, a los que además les estropearán su territorio y les dañarán su vocación agrícola.
En consecuencia, Señor Presidente, cordialmente, le solicito cambiar la política oficial frente a los dos tipos de minería existentes en el país, de acuerdo con la siguiente petición:
Instruir a quien corresponda para que, cuanto antes, se atiendan las justas peticiones de los pequeños mineros aún en paro luego de trece días y cese la campaña de infundios de la Casa de Nariño para estigmatizarlos, presentándolos como criminales, cuando son colombianos de bien que defienden su inalienable derecho a trabajar, aun cuando no le guste a la voracidad de la gran minería extranjera.
Anunciar públicamente que su gobierno respetará la voluntad democrática de los habitantes de Piedras –expresada por estos David contra Goliat, el alcalde municipal y el gobernador del Tolima– y que, en consecuencia, usted empleará su poder político para que dicha voluntad se convierta en realidad, así se perturbe la codicia insaciable de Anglo Gold Ashanti.
29 de julio de 2013.
Cómo es de diferente actitud del gobierno frente a pequeña minería nacional y la gran minería trasnacional: Robledo en carta a Santos
domingo, 28 de julio de 2013
“No es el momento para la minería en Colombia”
©Semana
©PDA
Por Álvaro Montes / Semana.com
Para el economista canadiense Albert Berry, quien ha sido un observador de la realidad socioeconómica de Colombia desde los años 60, este país debe poner a la pequeña agricultura familiar como centro de sus políticas.
El profesor Berry es candidato al Nobel de Economía, docente en la Universidad de Toronto y uno de los más importantes estudiosos de la situación rural colombiana. Ha asesorado al Departamento Nacional de Planeación en varias oportunidades y desde el Centro de Estudios Internacionales ha investigado por décadas la realidad latinoamericana.
Berry es radical partidario de la pequeña agricultura familiar campesina, a la que considera el motor del desarrollo agrario en casi cualquier país. "Es imposible que un país logre un desarrollo saludable, efectivo y equitativo sin un papel importante de la pequeña agricultura", sostiene.
Justo cuando el presidente Santos insiste en una política que quiere dejar contentos a los grandes agricultores y a los pequeños a la vez, Berry –quien conoce al país desde los años sesenta- se decanta por una política centrada en la pequeña agricultura. Para el experto, no es posible una política agraria que no tenga como prioridad a la agricultura familiar. "En Colombia será imposible solucionar los graves problemas sin que la pequeña agricultura tome el liderazgo" agrega.
Berry cree que en Colombia la pequeña agricultura familiar enfrenta tres graves problemas. El primero es, en su opinión, la gran agricultura, que compite por la tierra; el segundo es la minería, y el tercero "un gobierno que no ha jugado un papel de apoyo para los pequeños agricultores".
El profesor Berry sostiene que existe una relación inversa entre productividad de la tierra y tamaño de la propiedad; numerosos estudios de caso demuestran que los pequeños productores rurales son más productivos que los grandes, y "en casi todos los países, la productividad de la tierra es mayor en la unidades agrícolas pequeñas y familiares, que en las grandes; las escalas no garantizan mayor eficiencia en el sector rural" afirma. Este argumento es válido tanto para los casos de Estados Unidos y Europa como para los casos de economías pequeñas en el resto del mundo.
En cuanto a la política minera adoptada en el país, Berry declaró que "no es el momento para la minería en Colombia". El efecto negativo de la minería en la economía colombiana se explicaría no sólo por la presión que el sector minero ejerce sobre la tierra en contra de los pequeños productores rurales, y por el conocido impacto ambiental, sino también por sus nocivos efectos económicos. "En las condiciones colombianas de hoy día, los argumentos en favor de la minería son especialmente débiles. Hoy día la minería ofrece menos de lo que promete".
Indicó que desde hace veinte años se realizan estudios que comparan a países con mucha dotación de recursos naturales mineros, con otros sin tanta riqueza y el resultado es que una dotación alta de activos minerales no conduce a un crecimiento mayor. "La explotación de los recursos naturales frecuentemente deja al país peor que antes; ejemplos claros de esto pueden verse en Nigeria y Venezuela, aunque hay unos cuantos ejemplos positivos como en Noruega y Chile".
Berry hace parte de un amplio consenso de economistas que considera que la minería, por su bajo impacto en la generación de empleo y por la generación de divisas que después el país utiliza para importar bienes, afecta negativamente la distribución del ingreso. Señala que las divisas que se obtienen por la minería suelen invertirse en importación de bienes, lo que liquida significativamente el empleo. Cita como ejemplo el caso petrolero: exportar un millón de dólares en petróleo supone la generación de cinco empleos aproximadamente; una importación por valor de un millón de dólares acaba con cerca de quince puestos de trabajo en el país, según sus cálculos.
"Colombia no necesita muchas más divisas hoy en día. No es como en los años sesenta, cuando el país estaba desarrollando el sector manufacturero y necesitaba muchas importaciones para montar su infraestructura industrial, y en ese momento las divisas fueron escasas. Pero hoy no, y la urgencia de disponer de divisas ahora es muchísimo menor que hace 40 o 50 años" explicó.
Finalmente, el peligro minero, en su opinión, cuenta con otro elemento preocupante; "Colombia tiene hoy la triste característica de que las instituciones públicas para defender a la gente de la presión por la tierra que ejerce el sector minero son débiles. La institucionalidad debe ser más fuerte antes de abrir un proceso de minería. Por esas dos razones no es el momento oportuno para Colombia volverse un país minero. Tal vez en 25 años, cuando la institucionalidad rural sea fuerte y la pequeña agricultura haya crecido mucho, tal vez; pero hoy no es el momento" dijo Berry.
Albert Berry habló ante un auditorio de directivos de los programas de Desarrollo y Paz, reunidos recientemente en las afueras de Bogotá. La Red de Programas de Desarrollo y Paz celebró una 'Semana de reflexión' en la que participan el conocido Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y otros casi veinte programas de este tipo que operan en diferentes regiones del país, la mayoría de ellos en zonas afectadas gravemente por el conflicto armado y que padecen los más delicados problemas del sector rural colombiano.
El encuentro ha servido para poner sobre la mesa las preocupaciones del sector rural y varios expertos fueron invitados para presentar sus puntos de vista acerca de cómo mejorar la situación rural del país.
Semana.com, 22 de julio de 2013.
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