domingo, 15 de diciembre de 2013

LAS FUERZAS NEOLIBERALES EN OPOSICIÓN AL PROCESO DE PAZ Y LA DESTITUCIÓN DE GUSTAVO PETRO


 

POR HUMBERTO VELEZ

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Temperamento fuerte y con tendencias a la prepotencia, sí por cierto, pero eso no le quita ni le borra a Gustavo Petro sus  persistentes esfuerzos por inventarle a la Alcaldía de Bogotá, como espacio institucional del Estado,  una Política pública inspirada en una versión dada de post-neoliberalismo y la ha venido construyendo bajo la figura humanista de “Bogotá Humana”. En contraste, temperamento sonriente pero con tendencias al  disimulo, sí por cierto, pero eso no le quita ni le borra  a Alejandro Ordoñez sus  tenaces esfuerzos por encarrilar a sus supervisados por senderos camanduleros hermanados con un neoliberalismo de extrema derecha.

He ahí el trasfondo, en últimas más definitorio, de la actual coyuntura: el ultramontano católico neoliberal destituyó a Petro para sacar del camino a un destacado  librepensador postneoliberal y claro que podía supervisar su conducta dada la  condición de funcionario público del costeño, pero no suspenderlo ni destituirlo, asunto éste que, para el  caso de Bogotá como Régimen Especial, sólo podía hacer el presidente de la república de acuerdo con el artículo  323 de Constitución. Si encontraba fallas en su conducta como  alcalde del Distrito de Bogotá, debería haber escarbado formas  para hacer intervenir al Presidente Santos  o para echar a andar la figura de la revocatoria del mandato respetando así la decisión colectiva electoral de 750.000 bogotanos.

Campo E Galindo ha captado muy bien la esencia de ese choque trenes: “En el fondo, ha escrito, es una batalla entre intereses públicos  versus intereses privados, del Estado como garante de los derechos  de la gente versus  el mercado…”. [1]  Y por estos días, al internacionalizarse el asunto Ordoñez versus Petro, varios alcaldes de la Red  de capitales y ciudades latinoamericanas- Lima, Río Janeiro, La Paz, Santiago, Montevideo, Asunción, Quito y Buenos aires- ubicaron también de modo preciso el disco duro del asunto  al destacar en una declaratoria de apoyo a Petro, que a éste lo había destituido el Procurador por haber  querido desprivatizar  la gestión de las basuras. [2]

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Por estos días, el movimiento  “URIBE CENTRO DEMOCRATICO”  ha declarado  que muy lejos del clásico estilo de actuación del expresidente se encontraba  el que él con Fernando Londoño hubiese  hecho una alianza con el Procurador para destituir a Petro.  Por su parte,  de la Procuraduría ha salido un documento  en el que se destaca que la decisión del Procurado ha estado muy ajena a cualquier  viso ideológico.  Por lo tanto, ni un Uribe complotando ni un Procurador  actuando bajo motivaciones ideológicas.[3]

Por su parte, hoy 14 de diciembre Otty Patiño nos cuenta que  el pasado 14  de noviembre  en una reunión con sus amigos Francisco Santos  y Rodrigo  Rojas, el primero les había dicho que Petro iba a ser destituido y que él tenía interés en disputar la alcaldía de Bogotá y que, para ello, había solicitado a Rojas que le ayudase a conseguir el aval de la Alianza Social Indígena. En esa dirección, Otty insiste en que la destitución de Petro había sido  producto de un complot, que obedecía a  obscuros intereses asociados a impedirle al alcalde continuar desarrollando su programa de “Bogotá Humana”. Por eso ahora en esa carta le insiste para que “cuente la verdad…está en tus manos, terminó diciéndole, contarle al país toda la información que tu tienes sobre el complot” recordándole, además, que  la amistad que los ha unido sólo “se mantendrá  en el terreno de la justicia y de la verdad”. [4]

A los Atisbos Analíticos, en el orden lógico, no se les oculta la posibilidad de ese complot, aunque, en el orden fáctico, la prueba empírica tiene que ir más allá de un testimonio unipersonal.

Otro testimonio importante sobre el complot, pero, mara muchos, “manchado y poco creíble por prevenir de quien proviene “ha sido el de  Emilio Tapia, el  testigo  estelar de la Fiscalía en la investigación sobre el Carrusel de la 26. De todas maneras, la Fiscalía sí le ha aceptado en ese caso  un grado importante de credibilidad. Cuando Petro llegó a  la alcaldía, Tapia hacía parte del equipo encargado de  sacar adelante una licitación que, sin prórrogas, le permitiese a cuatro empresas o manejadores  privados  continuar gestionando por 7 años más  el manejo de las basuras cuyo  costo ascendía a  la fabulosa suma de dos billones cuatrocientos  mil millones de pesos. Se trataba de un auténtico oligopolio. Pues bien, por estos días en una extensa entrevista[5] del Espectador, cuya lectura cuidadosa y crítica recomendamos, Tapia le contó al entrevistador, Juan David Laverde, que el caos acaecido el 18 de diciembre del 2012 en Bogotá con el problema de las basuras había sido premeditado; que como el Alcalde quería hacer una nueva prórroga mientras finiquitaba su nuevo Modelo de Gestión,  los cuatro manejadores privados, para presionar  una nueva licitación a su favor, habían decidido mandar a mantenimiento todo el equipo de recolección buscando colocar al alcalde contra la pared , pues, por carencia de herramientas jurídicas  y por imposibilidad técnica de conseguir de un momento a otro 700 camiones recolectores, se provocaría  un caos,  que tumbaría al  alcalde, lo que efectivamente había sucedido no entones sino ahora; que hace un año efectivamente había habido irregularidades y lentitud en la prestación del servicio , pero que todo había sido producto de ese complot; y que, de todas maneras, apenas llegado Petro a la alcaldía y ante la posibilidad de quitarles a los privadores el manejo del basuras , éstos había decidido embarcarse en un complot, que finalmente había resultado exitoso un año después.

Al haber sido todo ello así, digámoslo ahora con mayor precisión: hace un año, para abordar el caos  intencionalmente provocado por el oligopolio de los manejadores privados, Petro no tuvo otra salida que adelantar la  vigencia y aplicación de un Modelo de gestión, que todavía se estaba diseñando en su parte operativa, sobre todo.

Ese ha sido el contexto fáctico que le dio soporte al Procurador para tipificar como delitos lo que no había sino irregularidades técnicas y algunas soluciones operativas fallidas y PARA  por estas razones inconstitucionalmente  destituir a Petro.

 

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Hace unas semanas en Madrid-España, ciudad en otro contexto de historia, de cultura ambiental  y de turismo, una huelga de recolectores de basura   convirtió la ciudad en un estercolero. Entonces, una incompetente alcaldesa tardó 13 días en llegar a un arreglo con los huelguistas.[6] Para algunos importantes colombianos  marcados por el fervoroso espíritu cristiano-ambientalista del eximio  ecólogo Ordoñez   se les debería haber hecho extraño al sacrosanto espíritu santanderista de la ley, el que en la Madre Patria  no hayan destituido y sancionado inaeternum  a la incompetente dama.

Si en Colombia en el momento actual se sancionara a los Alcaldes por ignorancia ecológica o por incompetencia para proporcionar un medio ambiente sano y saludable a la ciudadanía, el actual Procurador se podría divertir por una década levantándole  expedientes, que fundasen su destitución, a más de mil alcaldes.

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Aunque no sabemos sobre  qué razones específicas fundamentó el Procurador  en el expediente el presumible delito cometido por Petro  de violación del derecho a la competencia al introducir  un modelo estatalista de gestión  en el manejo del problema de las basuras-  la argumentación se la escuchamos desde meses atrás en entrevistas televisadas y radiales-  en verdad   que lo que hizo Petro fue  quebrar- en un  nivel dado de la acción del  Estado, en el de  un Distrito Especial- un oligopolio conformado por cuatro manejadores privados para establecer un nuevo Modelo de regulación estatal, lo que en el marco de la actual Carta es del todo constitucional.

En nuestra opinión y lo hemos argumentado en muchos  artículos y Atisbos, no tiene fundamentos sólidos afirmar que la Constitución del 91, en materia de presencia estatal en la economía y en la vida social, es solamente neoliberal centrada en la defensa del derecho a la competencia.  Claro que lo es, pero también mucho más. La Constitución del 91 se diseñó como una Constitución de Paz y para la  Paz y desde esta mirada- el del modelo socioeconómico de acción básica del Estado- le dio cabida a todas las fuerzas participantes en el Asamblea Nacional Constituyentes  de 1991: a los neo-jacobinos del M19, a los neoliberales de los dos partidos tradicionales, a los partidarios  del viejo intervencionismo de la Revolución en Marcha  y hasta a los  partidarios de un modelo de  regulación próximo a una ideología socialdemócrata. A guisa de mera ilustración, esta Constitución le abre cabida al  neoliberalismo al establecer la privatización como posibilidad y no como obligación. Pero, también establece la opción de un modelo de regulación  en una u otra de sus grados y  versiones, excepción hecha de un modelo socialista. El que predomine un modelo sobre el otro, siempre dependerá  de la orientación del Ejecutivo y de la correlación de fuerzas en el Congreso. Si hasta ahora ha predominado la ideología neoliberal como inspiradora  de la acción del Estado, ha sido porque desde  la segunda parte de la década del 80 todos nuestros presidentes, con la excepción de Samper, han sido neoliberales como también lo han sido, en alta proporción, nuestros congresistas.

Entonces, destituir a Petro por pretender implantar un Modelo socialmente participativo y estatalmente regulador de la gestión de las basuras, es un exabrupto  inconstitucional.

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Pero guardadas las proporciones, por su efecto demostración más grave para el  presente y futuro del país ha sido la sanción aplicada,   catedraliciamente desproporcionada con la comisión de algunas irregularidades e incompetencias técnicas, muchas de ellas insuperables en la coyuntura dado el complot que en diciembre del 2012 le iniciaron cuatro manejadores privados.

En este país con una clase dirigente altamente imaginativa para idear fórmulas de torpedeo al acceso de la izquierda, al manejo del Estado en sus distintos niveles de acción, a la eliminación violenta del “otro singular y distinto” que se ha atrevido a hacer política demo-institucional, a las clásica cooptación, a la acción represiva con cárcel incluida, se le ha venido añadiendo otra figura: la muerte política de los líderes y de las oposiciones antisistémicas más destacadas. Es la figura  que ahora ha acabado de perfeccionar el Procurador al expulsar a Petro por 15 años de la vida política por  “comunista” que ha osado aplicar  un nuevo modelo en la acción del Estado y  por “ensuciador” que llenó las calles de Bogotá de fétidos  estercoleros, que mandaron a la cama y a los hospitales a miles y miles de bogotanos.

Entonces, la conducta del Procurador fue un golpe a una sociedad  que,  como la colombiana,  está haciendo la   transición de una democracia electoral a una democracia ciudadana  y también fue un mensaje  a los negociadores farquianos de la Habana, que  aspiran a hacer en Colombia política demo-institucional de nuevo tipo.  Si esto lo hizo el Procurador  mediante una alianza con Uribe Vélez o sin ella, el efecto ha sido el mismo que ha venido buscando el “Uribe Centro democrático”, bloquear los diálogos de la Habana.

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En Bogotá, sin incluir a sus grupos familiares, existen unos veinte mil recicladores y recicladoras de basuras. Hasta antes de llegar Petro a la Alcaldía, cada uno sumaba unos trecientos  mil pesos al mes y con las medidas que el nuevo mandatario empezó a tomar,   en la actualidad están reuniendo entre  600 y 700 mil pesos al mes. Pero, lo más importante es que  se han organizado en una ASOCIACIÓN DE RECICLADORES  y se han convertido en la fuerza social más protagónica del nuevo Modelo de gestión de las basuras. Alrededor de las acciones  y programas y proyectos  del último año han venido gestando una nueva cultura ambiental, así como dándole forma a un nuevo sector institucional  de la economía bogotana social y técnicamente autónomo y sostenible orientado  a producirle  materias primas  a múltiples empresas. Como decir,  las  basuras tienen un valor cultural-productivo  y su operación  técnica constituye una importante fuente de un  trabajo legítimo y digno.  Miles y miles de recicladores de todas las ciudades colombianos  tienen los ojos puestos en  esta  linda experiencia colectiva de la Bogotá Humana. [7]

 Qué pasará con ellos? Seguirán avanzando o regresarán  a la condición de simples habitantes de rellenos y basureros socialmente imaginados como personas que, tras la carretilla, ocultan su condición de atracadores o de vagos o de indeseables? El tiempo y también los Ordoñez lo dirán.

 

*ATISBOS ANALÍTICOS  184, Santiago de Cali,  15 DE DIEMBRE DE 2013, Humberto Vélez r, profesor investigador de la Universidad del Valle, presidente de ECOPAIS, “Un nuevo Estado para una nueva Colombia”. 
http://fundacionecopais.blogspot.com, humbertovelezr@gmail.com


[1]. GALINDO, CAMPO E, www,campo-e.blogspot.com,
[2] . Declaratoria de REDCISO, Alcaldes de la Red de Ciudades Sudamericanas, en, Columnistas Libres,
[3] . Columnistas Libres,  diciembre 13 y 14 de 2013
[4] . SEMANA.COM, “OTTY PATIÑO RETA A FRANCISCO SANTOS”, 13-12-2013.
[5] . Entrevista del El Espectador a Emilio Tapia, 10-12-2013.
[6] .Granés, Carlos, “BASURA Y DEMOCRACIA”, El espectador, reproducido por Columnistas Libres, 14-12-2013.
 

Hay que amarrar al monstruo

 
El Tiempo 8:04 p.m. | 14 de Diciembre del 2013
Daniel Samper Pizano
Los padres de la Constitución de 1991 no se percataron del engendro que creaban y que el Procurador instrumenta hoy para sus abusos.
“Desperté horrorizado; sudor frío cubría mi frente, mis dientes castañeaban y mis extremidades se retorcían cuando, a la luz pálida de la luna, vi el horrible, el miserable monstruo que había creado.” Así describe el doctor Víctor Frankenstein en la novela de Mary Shelley (1818) la aterradora criatura a la que da vida en su laboratorio. Tan monstruosa “que ni siquiera el Dante habría podido concebirla”.
Los constituyentes que en 1991 crearon una Procuraduría omnímoda, descontrolada y autista (“monopolio oprobioso y carente de garantías”, dice el fiscal Eduardo Montealegre) deben de estar hoy presas del pánico, como el doctor Frankenstein ante su engendro. Por indolencia o ignorancia parieron una institución de poderes tan amplios como vagos que, instrumentada por un fanático embebido en su misión política y religiosa, como Alejandro Ordóñez, se volvió alimaña jurídica capaz de escandalizar a la ONU y al embajador de Estados Unidos... lo que ya es mucho.
La destitución que profirió Ordóñez contra el alcalde bogotano Gustavo Petro culmina un largo proceso de atropellos perpetrados por este extremista que en su juventud quemaba libros y publicaba folletos donde equipara a los homosexuales con bestias y ahora milita en una facción católica cavernaria, aplasta los derechos de las mujeres, torpedea la paz y persigue a funcionarios de izquierda. Si bien a Petro lo eligió apenas un 30 por ciento de los bogotanos, las encuestas dicen que el 80 por ciento se opone a su destitución. Esta vez “se le fue honda” al Procurador: unió a buena parte del país en su contra y propició una peligrosa ruptura política. La gente percibe que se está cometiendo una injusticia y el corolario lógico es su indignación.
No son convincentes las razones que esgrime Ordóñez para expulsar de la vida pública a quien fue elegido por el pueblo. No airea ningún cargo por corrupción. Lo sindica, básicamente, de haberse equivocado al estatizar el servicio de basuras, y le dice que atentó contra la santa empresa privada, como si durante más de un siglo los serviciosmunicipales no hubieran sido monopolio oficial.
No voté por Petro. Lo admiré como senador valiente, y luego me alejaron sus maromas políticas posteriores. Por ejemplo: apoyó, de modo incomprensible, la elección del monstruo que hoy lo destroza. Aunque tiene obras meritorias, no ha sido un buen alcalde. Pero los errores que inundaron las calles de mugre hace un año no nacieron del afán de enriquecerse sino de la vislumbre, cierta pero torpemente gestionada, de que en la basura hay una enorme riqueza que se embolsillan unos pocos “emprendedores”audaces y los bogotanos pagamos en exceso. Fue un caos de un par de semanas, sin duda. Mas debe responder por él ante quienes lo eligieron o ante una autoridad judicial. No ante un vigilante interesado en sacar adelante su delirio de regreso al pasado y consolidar las fuerzas conservadoras que lo apoyan y le rindieron un homenaje político en Medellín que a cualquier funcionario le habría valido la destitución.
Si se trata de desterrar de la vida pública a quienes han cometido equivocaciones en el gobierno, la lista es interminable y se necesitarán milenios para despacharla. No preocupan al Procurador el abandono vial durante la era Uribe, ni el atentado contra la salud pública –mucho peor que las basuras– que significa la aspersión de selva con glifosato, ni el precio criminal de algunos fármacos, ni la tala de bosques, ni la contaminación de aguas. Cualquiera de estos desastres supera con mucho los de Petro.
Crear una locomotora sin freno es una barbaridad. Pero ponerla en manos de un maquinista irracional es un crimen. Eso sucedió con la institución de la Procuraduría. Menos mal que a Ordóñez le han salido dos juristas mucho más sólidos que él –Montealegre y el ministro Alfonso Gómez Méndez– que parecen decididos a enlazar el monstruo.
Daniel Samper Pizano
cambalachetiempo@gmail.com

Sobre Petro y Ordoñez por Alvaro Ochoa Morales



 

Sobre Petro y Ordoñez


Por Álvaro Ochoa Morales*

«La prudencia, que hace verdaderos sabios». Con esa frase de un conocido villancico nos sorprendió ayer el señor Procurador General de la Nación, el Doctor Ordóñez.

Yo no pensé en el Niño Jesús sino en un programa de televisión de hace algunos años, que se llamaba «Ordónese de la Risa », pues si algo caracteriza al señor Procurador que tenemos, es precisamente su imprudencia.

Yo no voy a hacer una apología de Gustavo Petro, el Alcalde Mayor de Bogotá. Lo único que le reconozco es que es un señor inteligentísimo, pero sé que es otro politiquero. La forma como sacó de la dirección del Polo Democrático Alternativo –partido al que nunca he pertenecido- al doctor Carlos Gaviria Díaz- persona de quien tengo los más altos conceptos- me mostraron a un Gustavo Petro capaz de traicionar la amistad para tomar ventajas personales.

Pero sé que la sanción que le impuso el señor Procurador es desmedida e injusta.

Tengo la convicción de que el señor Procurador sí puede investigar y sancionar a todos los servidores públicos, incluso a quienes han sido elegidos por voto popular. Tal vez piensa uno en el fenómeno de la legitimidad, pero si le damos validez a ésta tendríamos que desconocerle al Consejo de Estado la facultad de retirar la investidura de un congresista. El Consejo de Estado está conformado por magistrados elegidos entre ellos mismos, por el sistema conocido como cooptación,  en cambio, el congresista es elegido por el voto popular. Desde luego que en una democracia puede tener más legitimidad el servidor escogido directamente por el pueblo que el servidor nombrado por otra autoridad o por un círculo de amigos. Pero la Constitución, que es la carta de navegación del país, dictada teóricamente por el pueblo, les asigna esas funciones a determinadas autoridades, y expresamente autoriza al Consejo de Estado para declarar la nulidad de una elección hecha por el pueblo o para retirar la investidura a un congresista también elegido popularmente.

Así mismo, la Constitución asignó al señor Procurador la función de investigar y de sancionar a todos los servidores públicos, cualquiera haya sido el mecanismo de ingreso al servicio.

Pero otra cosa, muy distinta, es que el señor Procurador abuse de sus funciones, y se tome el cargo para dar palizas a servidores públicos que no son de sus simpatías personales, por ejemplo, a quienes no son sus correligionarios. Es sabido que el Procurador Ordóñez se ha tomado el cargo para hacer proselitismo religioso en favor de la iglesia cristiana romana.

Ya tuvimos ocasión de conocer una sanción draconiana que le impuso a la senadora Piedad Córdoba. ¿Cuál cargo pesó más para sancionarla como lo hizo Ordóñez? Seguramente porque ella no piensa lo mismo que el Procurador, en materia religiosa.

Así mismo, se la veló a Gustavo Petro, por el mismo motivo: no pensar igual.

El Dracón moderno reconoció que Petro no estaba siendo sancionado, como su antecesor Moreno Rojas, por tramposo, por ladrón, etc., sino por una conducta equivocada en el manejo de las basuras, es decir, simplemente por un error administrativo. ¿Se justifica echarlo del puesto como a una rata y, para acabar de joderle la vida, impedirle el ejercicio de la política por 15 años?

Eso no es prudencia. Eso es un acto de tiranía, de crueldad y de abuso del poder.

Cuánto necesita nuestro país que haya jueces verdaderamente prudentes y sabios, pero no Torquemadas que mandaban a la pira a quienes no pensaran al unísono de las jerarquías eclesiásticas o políticas.

Qué bueno que alguien le mostrara a Ordoñez la famosa frase de Voltaire dirigida a un contendor político. «No estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría hasta la última gota de mi sangre por defender el derecho que tienes a expresarlas»

Medellín, 14 diciembre de 2013

* Alvaro Ochoa Morales, abogado posgraduado en Derecho de Familia, Unaula. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas al servicio de los Trabajadores.



sábado, 14 de diciembre de 2013

17 pueblos indígenas del país firmaron pacto histórico con Clara López


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de dos días de deliberaciones y jornadas de trabajo en Umuriwa, pueblo del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta a 30 minutos de Valledupar, se firmó un acuerdo entre la candidata presidencial del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón y lideres de 17 pueblos ancestrales de diferentes regiones del país.

El acuerdo es un documento guía que permitirá la defensa de sus territorios, la continuidad de su pervivencia a lo largo y ancho del territorio nacional y la visibilización de estas comunidades,
muchas de ellas en vía de extinción como el pueblo Nukak Makuk.


El acuerdo tiene como fin integrar al proyecto programático de la candidata del Polo Democrático las propuestas con miras a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones indígenas. Se destacan cinco temas esenciales en minería, agricultura, mujer y genero, el plan de ordenamiento territorial y la construcción de agenda.

López Obregón expresó su gratitud a los pueblos indígenas por cuanto es la primera vez que históricamente le dan cabida en su comunidad a un candidato presidencial.

“Estamos construyendo un programa que no busca dictar cátedra sino que quiere resumir las distintas visiones del país en toda su diversidad”, dijo la dirigente política.

Agregó que esta es una oportunidad para imprimirle fuerza a ese mensaje y hacer el cambio que necesita el país, cuyos habitantes tienen que respetar el agua, las tierras y a la gente que las cultiva.

Recordó la travesía que tuvo que pasar con el abogado Alejandro Arias para lograr que el Tayrona fuese respetado ya que emporios hoteleros querían destruir la selva y construir centros de entretenimiento y turísticos. Anunció que dentro de su gobierno estarán todas las poblaciones y dijo que habrá un ministro indígena para que lidere las políticas de esta población del país.

Así mismo, dijo que cuando sea presidenta, implementará en todas las regiones en donde existen los pueblos indígenas textos escritos es su lengua natal para que los niños aprendan amar sus orígenes y no olviden su cultura ancestral.

A su vez, Herber Zapata, asesor de la comunidad Arahuak dijo que se sentía muy complacido por trabajar con el proyecto político de la candidata presidencial del Polo. “Somos 45 mil indígenas, sabemos que hay mucha afinidad con el pensamiento de la doctora Clara”, subrayó.

“Este es un espacio en donde nos ha dado la oportunidad de conocer más de fondo la política nacional del país, nosotros no deberíamos participar en política pero vemos en ella un proyecto serio en el que vale la pena hacer parte”, puntualizó.

Por su parte, Julio Mancera, vicepresidente Nacional de Poblaciones del Polo llamó la atención respecto a que esta población ha sido vulnerada desde hace 200 años y que ya es hora de cambiar esa situación. Dijo que hay que reivindicar los derechos de la población indígena. “Queremos que nos veamos como aliados que podamos ir en este camino para poder apreciar a los pueblos con una visión particular como la de ustedes. Nosotros nos sentimos como un partido que trata de acercarse a los colombianos y colombianas de todas las visiones políticas y poblaciones, indígenas, raizales, negritudes, población rom”, puntualizó.


Así se dio fin a esta Gran Cumbre Nacional Indígena en la que participaron representantes de los pueblos Arhuacos, Nukat Makuk, Trinidad Kitu Resguardo Amenanao de Caquetá, Pueblo Raizal de San Andrés Islas, Resguardo Masay del Amazonas, Yara Conas, Kokonuko, Coyaima Pijao, Muiscas de Choachí, San Francisco de Puerto Nariño Amazonas, Paéz, Nasa, Kokama, Nukiss, Mesay, Aduche, Sureste Antioqueño y Necoclí.

9 de diciembre de 2013.


17 pueblos indígenas del país firmaron pacto histórico con Clara López

En 2013 aumentó la violencia contra el movimiento sindical colombiano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Nacional Sindical
El pasado 10 de diciembre se cumplieron 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una fecha tan significativa, la Escuela Nacional Sindical lamenta informar que los homicidios y los atentados contra trabajadores sindicalizados en Colombia aumentaron en este año que está terminando.
En efecto, desde el 1º de enero al 10 de diciembre de 2013, el Sistema de Información en Derechos humanos de Sindicalistas de la ENS (SINDERH) ha registrado, preliminarmente porque son datos aún no consolidados, al menos 26 homicidios de trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, 149 amenazas, 28 casos de hostigamientos y 13 detenciones arbitrarias.
O sea que en lo que va corrido de este año se han registrado 4 casos más de homicidios y 6 casos más de atentados contra la vida de sindicalistas que en 2012.
Los dos últimos homicidios tuvieron lugar la semana pasada en el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta y el municipio de Sardinata. Las víctimas, Carlos Garciaherreros, y Pedro Camperos, eran dirigentes de la Subdirectiva de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Fenaser, filial de la CTC.
Son cifras que resultan preocupantes y demuestran que, pese a que el Gobierno ha anunciado esfuerzos en la implementación de medidas encaminadas a garantizar los derechos laborales y las libertades sindicales, la violencia antisindical y la impunidad de ésta no son un asunto del pasado en Colombia.
Lo más grave es que más el 90% de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad de trabajadores sindicalizados entre enero y noviembre de este 2013, se cometieron contra líderes sindicales. De 229 casos registrados, 208 fueron contra dirigentes. De esos casos 9 fueron homicidios y 12 atentados.
Además 18 casos de amenazas fueron colectivas, dirigidas contra organizaciones filiales de la CUT y la CGT, centrales sindicales que en el transcurso del año 2013 agrupan, respectivamente, el 89,2% y el 5,4% del total de la violencia, lo que ratifica la dimensión colectiva de la violencia antisindical y las afectaciones que genera.
Los departamentos con más casos de violencia antisindical en este 2013 fueron: Valle con 49 casos, Antioquia con 30 casos, Cesar con 30, Santander con 27 y Atlántico con 20 casos.
Al analizar los sectores económicos más afectados por esta la violencia antisindical este año, encontramos que el más impactado es el de minas y canteras con el 25,4%, seguido de la industria manufacturera con 19.3%, el sector educativo con 18,2%, y agricultura, caza y pesca con el 12,7%. Como se ve, la violencia antisindical se da hoy en sectores claves en las políticas económicas que orienta el gobierno nacional.
Frente a la presunta autoría de esta violencia, tenemos que en un 53,7% de los casos no se conoce información al respecto. Y del total de los casos en los que se conoce o se presume su autor, el 71,6% se atribuye a grupos paramilitares, el 19,1% a organismos estatales, y el 5,8% a la guerrilla. Con un menor procentaje están los casos presuntamente atribuidos a la delincuencia común y el empleador.
Los dos últimos casos de N. de Santander
El primer caso ocurrió el 4 de diciembre en Cúcuta, donde fue ultimado de un balazo en el pecho Carlos Edmundo García-Herreros, recién nombrado directivo de Fenaser en este departamento, y docente de las universidades Libre y Simón Bolívar de Cúcuta.
Las autoridades dijeron en una primera versión de los hechos que el móvil fue el robo de un reloj, versión que puso en duda Raúl Gómez, presidente de Fenaser Seccional N. de Santander, sobre todo teniendo en cuenta que hay un runrún rodando en la zona en el sentido de que hay un listado de sindicalistas que van a ser asesinados por los paramilitares.
El segundo caso ocurrió dos días después del anterior, el de diciembre, en el municipio de Sardinata. La víctima fue identificada como Pedro Alejandrino Camperos, presidente de la subdirectiva del sindicato Sindenorte en Sardinata, filial de Fenaser.
Según Raúl Gómez, Camperos era una persona muy conocida en esta municipalidad, donde, aparte de ser funcionario de la Alcaldía, integraba un grupo mariachi. Precisamente ese fue el señuelo que utilizaron para asesinarlo: lo convocaron a prestar un servicio musical en las afueras de la ciudad, donde fue atacado el vehículo en el que se movilizaba su grupo. En el abaleo también resultó muerto otro compañero mariachi y herido el conductor del vehículo.
Otros casos graves
Algunos casos que consideramos graves, y que muestran la dificultad para ejercer la actividad sindical, son:
Entre julio de 2012 y enero de 2013, el presidente y el tesorero de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), recibieron amenazas extendidas contra sus familias. Ocurrió mientras los dirigentes integraban la comisión que representó al sindicato en la negociación colectiva con la empresa Carbones del Cerrejón Limited. Según lo denunció públicamente el sindicato, estas amenazas tenían como objetivo limitar las acciones de Sintracarbón frente a sus reivindicaciones por la defensa de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la región. Solicitaron medidas de protección, pero nunca obtuvieron una respuesta oportuna, coherente y eficaz frente a sus necesidades particulares.
Otro escenario hostil contra el sindicalismo es la industria azucarera, en particular el Ingenio La Cabaña, que se opone a la formalización de sus relaciones laborales y continúa vinculando trabajadores mediante contratistas. Además se negó a reconocer la seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y a discutir el pliego de peticiones presentado por éste en diciembre de 2012. El 3 de enero de 2013 este ingenio despidió a 86 trabajadores, incluida la junta directiva del sindicato, y varios trabajadores sindicalizados recibieron, extensivas a su familia. Y el 28 del mismo mes Juan Carlos Pérez Muñoz, activista sindical, fue asesinado en el municipio de Corinto, Cauca.
Otra dimensión de la violencia antisindical que reviste particular gravedad, son las agresiones contra mujeres sindicalistas. Trabajadoras y dirigentes son víctimas de amenazas y desplazamientos forzados que buscan atacar sus liderazgos, sus condiciones propias de mujeres, entre ellas el rol de protección a la familia. Así lo ilustra la experiencia sufrida por la presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos (Astdemp), quien desde el 2004 ha sido agredida en forma permanente. En abril de 2013 fue dejado en la sede del sindicato un sobre con un mensaje en la que la declararon objetivo militar y enemiga pública. Además le enviaron dos muñecas, cada una con el nombre de sus hijas, una de ellas sin un brazo y la otra sin una pierna, salpicadas de esmalte rojo en el rostro y el cuerpo. La amenaza estaba firmada por el Comando Urbano de los Rastrojos .
Las vidas perdidas, libertades y derechos restringidos a los sindicatos en este 2023, muestran que la violencia sigue siendo una práctica antisindical que impide la concreción efectiva del derecho de asociación sindical, la dignificación del trabajo, y priva a la sociedad de tener al sindicalismo como un actor fundamental que construye democracia.
ENS, diciembre de 2013

En 2013 aumentó la violencia contra el movimiento sindical colombiano

Senado aprueba proyecto de ley que limita la extranjerización de la tierra




 
 
Extranjeros no podrán apropiarse de la totalidad de las tierras del país. Se ponen controles para evitar operaciones especulativas.
La Plenaria del Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que controla y pone límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El autor de la iniciativa es el congresista Juan Lozano y fue impulsado por los senadores de la Comisión Quinta, especialmente por los senadores Maritza Martínez, Daira Galvis y Jorge Enrique Robledo.
El proyecto establece que los extranjeros sólo podrán comprar y/o explotar el 15% de las tierras de mejor calidad en los municipios con una extensión inferior a 500 mil hectáreas, el 10% de las mejores tierras en los municipios con una extensión superior a 500 mil hectáreas e inferior a un millón, y el 5% de las tierras de mejor calidad en los municipios con una extensión superior a un millón de hectáreas. Países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil tienen limitaciones a la extranjerización de la tierra.
Para evitar inversiones especulativas, el proyecto dispone que los inversionistas extranjeros que pretendan adquirir tierras deberán demostrar que las utilizarán para proyectos productivos. Además, los inversionistas no podrán tener domicilio en lugares considerados paraísos fiscales y en un medio masivo de comunicación escrito deberán hacer pública su intención de adquirir inmuebles rurales.
En los últimos 10 años grandes compañías como Cargill han comprado cerca de 230 millones de hectáreas en el mundo, fenómeno que es considerado como una de las principales amenazas contra la seguridad alimentaria de los países. Numerosos estudios advierten de las nefastas consecuencias de la extranjerización de la tierra, especialmente para los habitantes del campo.
El senador por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo celebró la aprobación del proyecto y señaló que la iniciativa protege la seguridad alimentaria y la soberanía nacional del país ante el enorme peligro que significa la extranjerización de las tierras. Agregó que esta propuesta le pone freno a la intención de Santos de entregarles las tierras a los extranjeros, pretensión que expuso con toda claridad en su reciente reunión con el Presidente de Estados Unidos.
12 de diciembre de 2013.

Senado aprueba proyecto de ley que limita la extranjerización de la tierra

jueves, 12 de diciembre de 2013

Accaparement de terres et DH en Colombie - Acaparamiento de tierras y De...





En una carta publicada recientemente (ver carta aquí), 25 Eurodiputad@s expresaron su preocupación por el fenómeno de acumulación de tierras en Colombia y el intento del presidente Juan Manuel Santos de modificar la ley que prohíbe la acumulación de baldíos favoreciendo así a las grandes empresas, entre ellas empresas europeas que tendrán un mayor alcancé gracias al Tratado de Libre Comercio UE-Colombia.
Los Eurodiputad@s manifestaron su preocupación por las amenazas que han recibido parlamentarios del Polo Democrático Alternativo, quienes han adelantado estas denuncias y al igual que defensores de Derechos Humanos y líderes comunales, indígenas, de víctimas, y de restitución de tierras quienes fueron el blanco común de las agresiones en el primer semestre de 2013.

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Señor Presidente Juan Manuel Santos,


Me permito remitirle la carta abierta de las y los eurodiputado(a)s frente a la decisión de la procuraduría sobre la destitución del Señor Gustavo Petro.

Saludo cordial,

Viviana Viera Giraldo



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Carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos de Eurodiputados respecto a la decisión de inhabilitar a Gustavo Petro.

Estimado Señor Presidente,


Le escribimos a fin de expresarle nuestra profunda preocupación sobre la decisión de la Procuraduría General de Nación de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El Alcalde Petro fue elegido por una mayoría de votos y tiene un mandato popular en la ciudad más importante de Colombia.


Es sabido que en el marco de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es posible que un funcionario destituya un gobernante elegido popularmente. Concretamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe condena, por un juez competente, en un proceso penal. Lo cual no es el caso de Gustavo Petro.


Las actuaciones de la Alcaldía de Bogotá en la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo en la ciudad y la inclusión de la población recicladora en un sistema antes monopolizado por la empresa privada, han tratado de convertir a esta ciudad en una Bogotá más Humana. Si bien es cierto que ha habido fallos en la implementación de este nuevo sistema, la destitución e inhabilitación del Alcalde nos hacen pensar que una persecución política podría estar detrás de las razones invocadas sobre su gestión para su destitución.


Acompañamos las voces que propenden por el fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad en Colombia, y saludamos las declaraciones del Ministro de Justicia de Colombia en el sentido de “revisar la norma constitucional que permite inhabilitar a personas que han sido elegidas por voto popular”.


Igualmente, lo invitamos a apoyar un proceso de revisión de la figura del Procurador General de la Nación, para evidenciar su conformidad con la Legislación Internacional.


Finalmente, subrayamos que estamos a su disposición para acompañarle en su búsqueda por el respeto a los Derechos Humanos y a la Democracia en Colombia.


Cordial saludo,


Raül Romeva i Rueda, Greens/EFA (Catalonia)

Jürgen Klute, GUE/NGL (Alemania)

Catherine Greze, Verdes/ALE (Francia)

Gabriele Zimmer, GUE/NGL (Alemania)

Urlike Lunacek, Greens/EFA (Austria)

Patrick le Hyaric, GUE/NLG (France)

Bart Staes, Verdes/ALE (Bélgica)

Alda Sousa, GUE/NGL (Portugal)

Sandrine Bélier, Verdes/ALE (Francia)

Marisa Matias, GUE/NGL (Portugal)

Helmut Scholz, GUE/NGL (Alemania)

Iñaki Irazabalbeitia, Verdes/ALE (País Vasco)

Søren Bo Søndergaard, GUE/NGL (Dinamarca)

Martin Haeusling, Verdes/ALE (Alemania)

Sabine LÖSING GUE/NGL (Alemania)

Willy Meyer, GUE/NGL (España)

Satu Hassi, Greens/EFA (Finlandia)

Franziska Keller, Verdes/ALE (Alemania)

Ana Miranda, ex eurodiputada Verdes/ALE- Vicepresidenta de ALE















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Open letter to President Juan Manuel Santos: MEPs put into question the decision to oust Gustavo Petro from his position as Mayor of Bogotá




We are writing to you in order to express our utmost concern regarding the decision of the Attorney General's Office to dismiss and disable for 15 years Mr Gustavo Petro, Mayor of Bogotá City. Mayor Petro was elected by a majority of votes and has a popular mandate in the most important city of Colombia.


It is known that within the framework of the Inter-American Court of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, it is impossible that a civil servant removes a governor elected by the vote of the people. Concretely, the American Convention on Human Rights stipulates that political rights can only be restricted per means of a sanction, if a condemnation exists and is taken by a competent judge, according to a legal procedure. This is not the case with Gustavo Petro.


The action taken by the Mayor of Bogotá tried to transform this city in "More Human Bogotá", when he launched a new waste management scheme in the city which included people living on recycling activities, which had been the monopoly of private companies before. It may well be that errors happened while implementing this new scheme, however, the destitution and ousting of the Mayor make us think that political persecution could have been behind the reasons given for the procedure leading to his destitution.


We accompany those voices which strive for the strengthening of democracy and strong institutions in Colombia, and welcome the declarations given by the Minister of Justice in Colombia, with respect to "a review of the constitutional norms which allow for ousting persons who have been elected by popular vote".


Equally, we invite you to support a process of revision of the competences of the Attorney General's Office, to put in evidence their conformity with International Legislation.


Finally, let us underline that we are at your disposal to accompany you in your search for the respect for Human Rights and Democracy in Colombia.


Kind regards,



Raül Romeva i Rueda, Greens/EFA (Catalonia)

Jürgen Klute, GUE/NGL (Germany)

Catherine Greze, Greens/EFA (France)

Gabriele Zimmer, GUE/NGL (Germany)

Urlike Lunacek, Greens/EFA (Austria)

Patrick le Hyaric, GUE/NLG (France)

Bart Staes, Greens/EFA (Belgium)

Alda Sousa, GUE/NGL (Portugal)

Sandrine Bélier, Greens/EFA (France)

Marisa Matias, GUE/NGL (Portugal)

Helmut Scholz, GUE/NGL (Germany)

Iñaki Irazabalbeitia, Greens/EFA (Basque Country)

Søren Bo Søndergaard, GUE/NGL (Danemark)

Martin Haeusling, Greens/EFA (Germany)

Sabine LÖSING GUE/NGL (Germany)

Willy Meyer, GUE/NGL (Spain)

Satu Hassi, Greens/EFA (Finland)

Franziska Keller, Greens/EFA (Germany)

Ana Miranda, Ex Greens/EFA MEP- Vicepresident EFA


Viviana VIERA GIRALDO

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Rue Wiertz 60, BE-1047 Bruxelles

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