Proyecto de ley abre puerta para despojo sistemático de tierras adjudicadas a campesinos, alerta Alba Luz Pinilla

 

©POLO

 

Es un plan de despojo gota a gota para que los banqueros se queden finalmente con la tierra, denuncia la representante a la Cámara.

La congresista del Polo Democrático Alternativo, Alba Luz Pinilla Pedraza denunció que en la plenaria de la Cámara se discute un proyecto de ley que busca regular los créditos en el sector agropecuario para que se puedan constituir hipotecas parciales sobre predios del sector rural, incluyendo las Unidades Agrícolas Familiares en terrenos baldíos. Según la parlamentaria, dicho proyecto abre la puerta para el despojo sistemático de tierras adjudicadas a campesinos y la pérdida de baldíos.

“Lo que buscan es que los campesinos puedan pedir créditos dejando como garantía partes de sus predios. Esto evidentemente facilitará que más campesinos se endeuden, pero ante la actual crisis del campo, lo que sucederá es que cientos y miles de familias campesinas quedarán en quiebra y no podrán pagar sus obligaciones financieras. Así pues, terminarán perdiendo sus parcelas por pedazos y serán los bancos los que en primer lugar se apropien de ellos. Esto es sumamente preocupante si tenemos en cuenta las múltiples denuncias que han salido a la luz y que involucran a Sarmiento Angulo con la titulación irregular de tierras en la altillanura”, afirmó Pinilla.

Pero esa no es la única preocupación de la congresista quien aseguró que con este proyecto se pone en peligro todo el proceso de restitución y de adjudicación de baldíos a campesinos y víctimas. Alba Luz Pinilla advirtió que “En el momento en que el campesino pierda su porción de predio será el Incoder el que tenga preferencia en los remates pero aquí surgen dos preocupaciones. La primera que el Incoder tendría que pagar para recuperar esos predios y la segunda que lo más probable es que el Incoder ni tenga la plata, ni la posibilidad de estar presente en todos los remates, por lo que se abre la puerta para que baldíos y tierras adjudicadas terminen siendo compradas por banqueros, narcotraficantes y paramilitares”. Ante esta situación la representante anunció que solicitará el archivo de la iniciativa.

El proyecto en mención es el 050 del 2012 y es de autoría del senador Antonio Guerra de la Espriella.

28 de agosto de 2013.
          

Proyecto de ley abre puerta para despojo sistemático de tierras adjudicadas a campesinos, alerta Alba Luz Pinilla

El más anticampesino de los presidentes

 



 



 

Por Jorge Enrique Robledo   

 

Tras los debates en el Congreso sobre las compras ilegales de tierras por poderosas empresas nacionales y extranjeras y famosos bufetes de abogados, como los de Brigard & Urrutia y Néstor Humberto Martínez, para Riopaila, Cargill y Luis Carlos Sarmiento Angulo, salieron a la luz varias verdades (http://db.tt/DwP0ULLR).

Se demostró que la Ley 160 de 1994 les permite a los campesinos beneficiados por adjudicaciones de baldíos del Estado vender esos predios sin ninguna restricción. Pero que el inciso 9° de su Artículo 72 también establece que nadie –ni persona natural ni jurídica–, puede comprar –acumular– más de uno de esos predios –una UAF, como se llaman–, so pena de la declaratoria de nulidad de la operación. Que esto es así lo han reconocido la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Superintendencia de Notariado, el Incoder, dos ministros de Agricultura, la Contraloría, la Procuraduría y hasta el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al igual que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Esta prohibición desarrolla el objetivo primordial del Artículo 64 de la Constitución y la Ley 160, que busca que las tierras del Estado pasen a los campesinos y no salgan de la órbita de la pequeña producción. Como es obvio, se trata de un derecho colectivo del campesinado. Luego quien acumula las UAF viola el ordenamiento legal y despoja de sus derechos a los pequeños productores en su conjunto.

Sabedores de la prohibición de la Ley 160 de acumular tierras, los encopetados abogados que diseñaron el despojo campesino y la ilegalidad –en decenas de casos y por centenares de miles de hectáreas, en la Orinoquia y en el resto del país–, se esforzaron, no en volver legal lo ilegal, porque es imposible, sino en ocultar la violación de la ley, es decir, en que no se supiera que cada parcela adquirida por una empresa diferente era en realidad comprada por una poderosa matriz, la cual explota los predios como uno solo, incluso a escalas de 60 mil y más hectáreas. Algo así como un testaferrato inmobiliario. En el momento en que ocultaron a los verdaderos compradores de cada UAF y la producción unificada de los predios, confesaron de hecho que sí sabían que violaban la Constitución y la ley.

Una vez descubiertos estos actos de corrupción, han recurrido a leguleyadas elementales, las cuales no niegan la prohibición de la Ley 160 de acumular fincas originadas en baldíos, pero sí arguyen que en sus negocios la norma no se aplica en razón de alguna excepción traída de los cabellos. Es tan poco serio el alegato con el que intentan enredar incautos, que estos abogados y sus teorías terminaron de hazmerreíres entre los estudiantes y los profesores de las carreras de derecho.

La posición del gobierno de Juan Manuel Santos no pudo ser peor. Primero, en dos ocasiones y a espaldas de la opinión pública, intentó cambiar la Ley 160, para darle algún viso de legalidad a la ilegalidad. Luego, cuando el escándalo derrotó el tapen-tapen de la Casa de Nariño y rodó la cabeza del embajador en Washington, contra toda evidencia Santos absolvió a su amiguísimo y financista político, les advirtió a sus subalternos que quien volviera a decir que sí se había violado la ley se las vería con él y dio orden de echar por la calle del medio y promover la bien llamada “Ley Urrutia”, porque con ella se proponen blanquear las acumulaciones ilegales de baldíos. En desarrollo de la estratagema, el ministro Estupiñán, quien les dijo a los medios que acumular baldíos era ilegal y que generaba sanciones, le dio una voltereta de 180 grados a su posición, más preocupado por cuidar el puesto que su dignidad. En otro país se cae en diez minutos; aquí, podrían darle la Cruz de Boyacá.


 

Para ambientar la Ley Urrutia, han intentado convertir este debate, que es sobre ilegalidad y corrupción, en una controversia sobre el modelo agrario, con tan mala suerte para ellos que lo que defienden, y que Santos quiere empeorar, es un desastre, como lo prueba la indignación rural. Porque a punta de TLC aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones, arruinan a los productores y concentran aún más la propiedad de la tierra, a costa del campesinado y de los empresarios pequeños y medianos. Y no para producir bienes agropecuarios, sino para ampliar la escala de la especulación inmobiliaria, en beneficio de algunos de la cúpula de los adinerados criollos y los magnates extranjeros.

Bogotá, 16 de agosto de 2013.

 


El más anticampesino de los presidentes

 

                           POR UNA COLOMBIA DECENTE, EL POLO PRESENTE                   

Una ley con dedicatoria

 

 

(c)POLO

 

Por Daniel Coronell  

 

 

El gobierno quiere vestir de discusión sobre el modelo de desarrollo agrario lo que realmente es un debate sobre apropiación y acumulación ilegal de tierras baldías. Los beneficiarios del proyecto de ley no son muchos y los más notables tienen nombre propio: Riopaila-Castilla, Cargill, y La Fazenda. Las plantas de esta última crecen en las tierras que a sangre y fuego dominaba Víctor Carranza y que en un llamativo negocio terminó entregando al grupo Aliar para su explotación.

La discusión sobre el modelo de desarrollo agrario es válida, pero no es el asunto de fondo en este caso. Los borradores que se han conocido del proyecto de ley, las intervenciones de los funcionarios, las opiniones de los voceros de los implicados se concentran en dos temas: primero, validar ante la ley las acumulaciones de baldíos anteriores a 1994. Y segundo, legitimar las posteriores a 1994 si la limitación a su compra y acumulación no figuraba expresamente en el certificado de tradición de la propiedad.

El gobierno y los voceros de los beneficiarios aseguran –a partir de una discutible interpretación– que una sentencia de 2007 del Consejo de Estado dejó claro que los predios adjudicados antes de la ley de 1994 no están sometidos a ninguna de las limitaciones y prohibiciones de esa ley. Es decir que pueden negociarse en cualquier extensión.

Sin embargo, el gobierno no parece estar seguro de esa hipótesis. Apenas en diciembre del año pasado le estaba preguntando a la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre el verdadero alcance de la ley de 1994.

La respuesta de la Sala de Consulta no favorece la interpretación del gobierno. Tal vez por eso, el documento se ha difundido poco.

Específicamente el gobierno le preguntó al Consejo de Estado si eran nulas las escrituras para transferir antiguos baldíos si excedían el límite máximo establecido por la ley de 1994. La respuesta es: “Sí son nulas”.

También preguntó el gobierno si la prohibición era aplicable a baldíos adjudicados antes de la vigencia de la ley de 1994. El Consejo de Estado respondió: “Sí, pues el Artículo 39 de la Ley 160 de 1994 establece una serie de limitaciones y condiciones para la enajenación de predios que fueron legalmente adjudicados durante la vigencia de la Ley 135 de 1961”.

Así mismo, con cierta clarividencia, como si hubiera visto venir el tema de ahora, el gobierno preguntó si se consideraba concentración de baldíos cuando los beneficiarios compraban con sociedades SAS y luego juntaban las tierras.

La Sala de Consulta contestó de manera contundente: “Sí, pues el inciso 9° del Artículo 72 de la Ley 160 de 1994 determina con claridad que para la aplicación de las prohibiciones previstas en dicho artículo, entre las que se incluye la concentración de UAF, se tendrán en cuenta las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, cualquiera sea la naturaleza de las mismas”.

Por último, cabe preguntarse, si el gobierno tiene tan claro que estos gigantes no han infringido las normas, ¿para qué necesitan una nueva ley que avale sus procedimientos?

ACLARACIÓN: Néstor Humberto Martínez, asesor de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), asegura que él no ha redactado ni una coma del borrador de proyecto de ley sobre baldíos que elabora el gobierno y que fue objeto de la columna anterior ‘Tenedores y cuchillos’. Una fuente de información creíble sostiene lo contrario y precisa que el doctor Martínez entregó un documento al gobierno que sirvió de base para la elaboración de la parte sustancial del articulado.

Néstor Humberto me envió un documento Word que muestra que las partes atribuidas a él por la fuente y marcadas en verde –en una versión anterior– fueron elaboradas por el abogado Juan Andrés Ossa de la secretaría jurídica de la Presidencia y no por él. Eso no tiene discusión.

El doctor Ossa habló brevemente conmigo, reconoció haber considerado documentos “de los privados”, pero me dijo que no podía entregarme su versión sobre la elaboración del proyecto de ley sin la autorización de la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Cristina Pardo. La doctora Pardo no quiere hablar.

La metadata, es decir el rastro electrónico del documento, prueba que una parte fue procesada en computadores distintos a los del gobierno. Además registra cambios hechos por alguien que firma ‘María de Salvador’, que al cierre de esta columna no había sido identificado.

Revista Semana, Bogotá, 18 de agosto de 2013.

Una ley con dedicatoria