Por Cecilia Orozco Tascón / El Espectador
Rafael González Ulloa, socio de Riopaila, decidió denunciar la operación que generó uno de los escándalos económicos más profundos de la actualidad: la adquisición, por su compañía, de 40 mil hectáreas de baldíos en Vichada, que podría ser violatoria de la ley. González Ulloa habla en primicia.
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Por qué usted decide empezar a ejercer vigilancia sobre la administración de Riopaila y en qué año?
Rafael González Ulloa.- En enero de 2011 me enteré, casualmente, de que Riopaila había comprado cerca de 35 mil hectáreas hasta ese momento, en el Vichada, mediante la creación de 25 SAS (sociedades por acciones simplificadas). Eso me pareció extraño y traté de hacer algunas averiguaciones, pero no obtuve respuestas. Entonces decidí ejercer el derecho de inspección que tenía como accionista y para ello contraté a un abogado en derecho agrícola y al gerente y propietario de una firma de auditores de Cali.
C.O.T.- ¿Por qué le llamó la atención esa operación?
R.G.U.- Por dos razones: 1. Porque ese proyecto, que internamente se denominó Veracruz, no sólo tenía grandes subproyectos que excedían varias veces las atribuciones de la junta directiva sino que, además, no había sido llevado nunca a la asamblea general de accionistas para su aprobación. 2. Porque, sin ser experto, yo tenía cierto conocimiento de las limitaciones a la acumulación de propiedad en Vichada, en virtud de la ley 160 (que limita la propiedad de baldíos a unidades familiares). Me entró una gran preocupación y por eso decidí ejecutar la inspección.
C.O.T.- ¿Cuándo y cómo lo hizo?
R.G.U.- Cuando legalmente podíamos iniciarlo, es decir, dentro de los 15 días hábiles antes de realizarse la asamblea de marzo de 2011, en donde se iban a examinar las cifras correspondientes al corte del 31 de diciembre de 2010. Instalé los dos equipos de trabajo con la conducción de Jorge Isaac para mirar los asuntos contables y de Alejandro Jaramillo, que iba a revisar la ruta jurídica de la operación. Aproximadamente 4 o 5 días antes de la asamblea, tenía listos los informes correspondientes.
C.O.T.- ¿Cuáles fueron las conclusiones?
R.G.U.- El informe del doctor Jaramillo decía que la vía jurídica diseñada y ejecutada por la firma de abogados Brigard & Urrutia, asesores de Riopaila, podía ser violatoria de la ley 160 por la acumulación de UAF (unidades agrícolas familiares). Y que la compleja operación de crear 25 SAS, unas sociedades en España y otras en Luxemburgo, bien podría constituir un “deslindamiento” del Código Penal. Por su parte, el informe contable revelaba que se habían violado varios reglamentos al haber otorgado créditos por valor de $37 mil millones a esas 25 SAS, todas constituidas por un doctor Uribe, abogado de Brigard & Urrutia, con un capital suscrito de $100 mil cada una y pagados en cero.
C.O.T.- ¿Cuáles garantías pidió Riopaila para prestar esos $37 mil millones?
R.G.U.- No había garantías reales. ¿Cómo se les otorga semejante crédito a unas compañías de propiedad de un tercero sin ninguna relación directa con Riopaila y sin las debidas garantías? Son preguntas que cualquiera se haría. Por si fuera poco, los representantes legales de esas sociedades, los gerentes y demás ejecutivos registrados en documentos, eran funcionarios de la propia Riopaila. Es decir, la situación era perfectamente anormal.
C.O.T.- ¿Qué explicación le dieron en la administración?
R.G.U.- Que la garantía estaba constituida por un contrato de arrendamiento a Riopaila Castilla, de las tierras adquiridas por esas SAS. Y que el arrendamiento era a treinta años.
C.O.T.- ¿Ese tipo de operaciones crediticias se había hecho antes en Riopaila?
R.G.U.- Nunca. Riopaila no es una entidad prestamista.
C.O.T.- ¿Por qué Brigard &Urrutia, que es la firma de asesores jurídicos externos de la empresa, figuraba simultáneamente como creadores de las SAS?
R.G.U.- Esa fue mi primera pregunta. Riopaila es una sociedad anónima en donde hay más de cincuenta socios que tenemos derecho a formular interrogantes y por eso yo procedí a hacerlos y a poner en conocimiento de un número plural de accionistas y de la junta las conclusiones a las que habían llegado los expertos contratados por mí, en la asamblea de 2011.
C.O.T.- ¿Tiene constancia de alguna actuación directa del exembajador Carlos Urrutia en este proceso?
R.G.U.- No, no tengo ninguna evidencia al respecto.
C.O.T.- ¿Durante esa asamblea qué sucedió?
R.G.U.- Terminado la lectura del informe del presidente, tomé la palabra para referirme a la ruta jurídica trazada por Brigard & Urrutia en la adquisición de las tierras en Vichada. Dije que podía tener serios vicios de ilegalidad que podían rozar con el Código Penal. Un doctor Barragán, socio y accionista de esa firma de abogados, estaba presente en la asamblea en una doble condición: como representante de su oficina y como representante de un accionista.
C.O.T.- ¿De cuál accionista?
R.G.U.- Representaba a una sociedad de propiedad de Belisario Caicedo Capurro.
C.O.T.- ¿Esa doble condición no generaba conflictos de interés?
R.G.U.- No lo sé, pero el doctor Barragán participaba activamente. Tanto que me interrumpió. El presidente me quitó el uso de la palabra con el argumento de que estaba fuera del orden del día. Cuando se dio lectura al informe del revisor fiscal, se aprobó sin objeción de ninguna naturaleza y no se mencionó ninguna de mis reclamaciones.
C.O.T.- ¿Dejó por escrito sus objeciones?
R.G.U.- Claro. Dejé constancia de mí desaprobación del informe y de los estados financieros presentados, que no relacionaban las adquisiciones en Vichada. En desarrollo de mi derecho de inspección, solicité que me entregaran copia del contrato con la firma de abogados y de sus intervenciones en ese negocio, además de su presencia permanente en las juntas directivas de Riopaila. Nunca se me quisieron dar, completos, los documentos que solicité.
C.O.T.- ¿Entonces cómo sabe que Brigard & Urrutia participó en la negociación?
R.G.U.- Porque así consta en las actas. Como nunca se me quiso dar la información completa, pese a mi calidad de socio, notifiqué de tal situación a la Superintendencia Financiera.
C.O.T.- ¿Es cierto que sus objeciones no fueron consignadas en el acta de la asamblea de aquel día?
R.G.U.- Es cierto. Al secretario de la compañía le entregué copias escritas de los documentos que hicieron mis expertos. Él acusó recibo de los mismos, pero en vez de incorporarlos al acta, me anunció que los enviaba al archivo para consulta. Ante la inquietud que me generó esa respuesta, decidí solicitar copia del acta. Me la entregaron unos cuatro días antes de la fecha límite para poder impugnarla. Para mi sorpresa, allí no quedaba constancia de nada de lo dicho por mí. Y, por si fuera poco, el proyecto Veracruz sobre las inversiones en Vichada quedaba como aprobado por unanimidad en la misma asamblea.
C.O.T.- ¿Impugnó el acta?
R.G.U.- Sí, porque tenía conciencia de los problemas jurídicos que se podían derivar de ahí y yo no iba a quedar de cómplice de semejante situación. Tomé entonces la decisión de impugnarla, lo que generó un proceso que hoy todavía cursa en un juzgado de Cali. Es la primera vez en la historia de Riopaila que se manipula un acta.
C.O.T.- ¿Ante cuál entidad la impugnó?
R.G.U.- Puse todo en conocimiento del Incoder, en mayo de 2011. Le informé sobre las compras de los predios y le di los nombres, certificados de tradición, etc. Y mediante el derecho de petición, le pregunté a ese instituto si los títulos de propiedad de los predios adquiridos por Riopaila tenían la seguridad jurídica necesaria para adelantar cuantiosas inversiones en ellos. Le pregunté, además, cuál era el mecanismo para subsanar alguna ilegalidad, si la había.
C.O.T.- ¿Pero usted cómo afirmaba que esos predios eran de Riopaila, si al menos en papeles no le pertenecían?
R.G.U.- Porque leyendo los documentos usted fácilmente se daba cuenta de que esa era una tercerización falsa y que la empresa era la verdadera propietaria.
C.O.T.- ¿Qué le contestó Incoder?
R.G.U.- Que no era el organismo competente para decidir si esa negociación había sido legal o ilegal. Y que les daría traslado de mi comunicación a varias entidades, entre ellas la Superintendencia Financiera, la de Sociedades, Notariado y Registro, Procuraduría, Fiscalía, oficina anticorrupción de la Presidencia y la DIAN.
C.O.T.- ¿Significa que el tema de adquisición y acumulación de baldíos en Vichada por Riopaila era conocido por el gobierno desde hace dos años?
R.G.U.- Así es.
C.O.T.- ¿Nadie actuó?
R.G.U.- Nadie. La Superintendencia Financiera, a la que requerí varias veces sobre este tema, corrió traslado de mis cartas a la administración de Riopaila. Ésta le contestaba y hasta ahí llegaba el asunto. Para entonces Riopaila ya me negaba el acceso a la información.
C.O.T.- Usted también presentó objeciones en la asamblea del año 2012, ¿no pudo resolver ninguna de sus inquietudes de 2011?
R.G.U.- No. Como le digo, tenía cerrado el acceso a la información principal. Sin embargo, yo seguí insistiendo y así llegamos a la asamblea de 2012. Después de la lectura del informe del presidente, presenté dos constancias con la consideración de que deberían quedar en el acta para que cualquier accionista pudiera consultarlas. En el punto de los estados financieros, el informe del revisor fiscal nuevamente aparecía limpio, sin ninguna alusión a los predios de Vichada.
C.O.T.- Pero entiendo que el año pasado Riopaila admitió la compra de los terrenos.
R.G.U.- Así es. Después de que terminé de hablar, el revisor fiscal dijo que tenía un informe adicional. El meollo del asunto era que durante 2011 Riopaila había desarrollado todas las acciones necesarias para adquirir el control sobre los baldíos adquiridos por las 25 SAS y que dicho control había quedado registrado ante las Cámaras de Comercio correspondientes y había sido reportado a la Superintendencia Financiera.
C.O.T.- Formalizada esa operación, ¿por qué no quedó usted tranquilo?
R.G.U.- Porque las dudas continuaban sin resolverse. Y, además, tampoco se habían realizado los estudios técnicos y económicos que le dieran sustento a la operación que se pretendía ejecutar. Junto con otros tres o cuatro accionistas pedimos que se contratara personal competente para analizar seriamente la situación y que se le solicitara al representante legal de la compañía que se abstuviera de ejercer inversiones adicionales en ese proyecto hasta tanto se consultara con otro bufete de abogados. Esa proposición también fue negada.
C.O.T.- ¿Es cierto que este año hubo información interna en Riopaila que comprometía a un alto empleado de la compañía en un trámite irregular de un dinero?
R.G.U.- Sí. Encontramos que una vendedora de un baldío había llamado a un auditor interno de la compañía para quejarse porque no había recibido la totalidad del pago de su finca. Se ordenó una investigación y fue así como se encontró que $402 millones que habían salido de fondos de Riopaila para pagarle a la vendedora del predio habían terminado en las cuentas personales del vicepresidente financiero de la empresa. El presidente de la compañía confirmó en plena asamblea que ese incidente había ocurrido, pero dijo que Brigard & Urrutia les había dicho que lo importante era obtener los paz y salvos de todos los vendedores de los baldíos y que frente al vicepresidente financiero se abstuvieran de hacer algo.
C.O.T.- Me llama la atención que los asesores jurídicos externos de Riopaila tuvieran tanta influencia con los asesorados.
R.G.U.- A través del doctor Barragán, Brigard & Urrutia participaba activamente en todas las asambleas. En la de 2013 presentó un informe jurídico sobre la adquisición de las tierras. Allí sostuvo la legalidad de su estrategia con dos puntos fundamentales: el primero, que la totalidad de las propiedades en Colombia, con excepción de las que tenían cédulas reales, eran baldíos. Y el segundo, que como en los certificados de tradición y libertad no constaban las limitaciones de la ley 160, la operación hecha por Riopaila era legal y el Estado no tendría argumento para oponerse a ese hecho.
C.O.T.- ¿En cuál fecha hizo esa afirmación ese abogado?
R.G.U.- Durante la asamblea que se realizó en marzo de este año.
C.O.T.- Pero esa es la tesis que se está ambientando desde cuando estalló el escándalo público.
R.G.U.- Bueno, pues es la de Brigard & Urrutia.
C.O.T.- ¿Por qué decide sacar la discusión interna de Riopaila a la luz pública?
R.G.U.- La administración de Riopaila aspiraba a que no trascendiera nada. Dicen que con esta decisión yo pretendía vender mis acciones a un precio exorbitante. Evidentemente me gustaría salir de ellas, porque estoy en una situación incomodísima, pero ¿este es el momento de vender? Claro que no, porque han llevado a la compañía a una situación difícil, aunque todavía es recuperable. Entonces cualquiera esperaría a que eso suceda para poder vender bien. Lo que no puedo hacer es quedarme callado frente a actuaciones ilegales o presuntamente ilegales, porque me haría parte de esa ilegalidad.
C.O.T.- ¿Cuánto dinero está comprometido en este proyecto de Riopaila?
R.G.U.- No lo sé exactamente, pero la cifra que se manejaba en la asamblea era más o menos de unos $68 mil millones.
C.O.T.- ¿Esa suma pone en riesgo el patrimonio de Riopaila?
R.G.U.- Es una pérdida patrimonial importante, pero no pone en riesgo la existencia de Riopaila. Es un golpe fuerte, pero la empresa tiene capacidad de recuperación. Sin embargo, si continúan invirtiendo en proyectos de esta naturaleza, podrían comprometer su futuro.
Riopaila, sociedad anónima pero de familia
P/ ¿Cuánto hace que usted y su familia directa son socios de Riopaila?
R/ Desde la segunda generación. Mi padre era sobrino de Hernando Caicedo (fundador). Yo era socio de Riopaila a través de la familia de mi padre y ahora lo soy directamente, desde el año 2000.
P/ ¿Cuál ha sido su injerencia y la de sus hermanos en Riopaila?
R/ Mi hermano Jorge Enrique y yo hemos pertenecido a la junta directiva. Él trabajó como ingeniero en la planta de Riopaila y yo, en Central Castilla, como gerente financiero y administrativo desde finales de los años 70 hasta comienzos del 82. Fui de la junta durante unos 10 o 12 años.
P/ ¿Riopaila pertenece a quiénes?
R/ Eran cinco grupos familiares con porcentaje similar. Hoy quedan cuatro, uno de ellos con un porcentaje algo menor y los otros tres con el 25 al 28% cada uno.
P/ ¿Quién lidera la junta hoy?
R/ Mauricio Botero Caicedo, mi hermano Jorge Enrique González Ulloa y Belisario Caicedo Capurro.
P/ ¿Usted también está embarcado en un pleito con el exministro Urdinola, hoy en detención domiciliaria, por unos terrenos del ingenio Invercauca?
R/ Lo de los terrenos no es cierto. Tengo ver porque defiendo el patrimonio de mis hijos y de su madre, mi exesposa.
'El gigantesco servicio que he prestado'
P/ ¿Usted fue la fuente del senador Robledo, quien destapó el escándalo?
R/ El senador Robledo y el representante Arias, del Valle del Cauca, venían investigando. Hace unas semanas, el senador hizo contacto conmigo a través de un amigo mutuo. Acudí a una entrevista con él. Él tenía varios documentos que yo vi y confirmé. También me pidió algunas aclaraciones y se las resolví.
P/ Dicen que usted es problemático, que se trata de un lío de familia y que quiere dominar todas las decisiones.
R/ Pero ¡por Dios! Si se trata de mi patrimonio ¿Cómo voy a permitir que lo manejen con semejante ligereza?
P/ Uno de los que domina la junta directiva de Riopaila es su hermano, ¿hay alguna confrontación con él?
R/ Sí, y no lo voy a negar.
P/ También es el patrimonio de quienes insisten en esa inversión ¿Por qué cree que ellos llegaron a este punto?
R/ La ambición los llevó a esta locura.
P/ ¿Hasta dónde piensa llegar?
R/ Quienes se embarcaron en este proyecto tienen que responder por sus actuaciones. Algún día, los socios de la empresa entenderán que he actuado en defensa de su patrimonio y del mío. Y van a tener que admitir que le he prestado un gigantesco servicio a Riopaila.
El Espectador, Bogotá, 4 de agosto de 2013.
